El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, defendió la reforma constitucional que eleva la categoría de la institución a nivel de la Carta Magna, pues en América Latina sólo existen tres países cuya Defensoría no está en ese rango.
Tejada Espino dijo que Costa Rica, Brasil y Panamá no han incluido la Defensoría del Pueblo en el texto constitucional.
Explicó que en la reforma propuesta por el presidente electo, Martín Torrijos, la modificación eleva la institución a carácter constitucional, pero no define nuevos requisitos para ejercer el cargo.
La ley dice que para ser defensor del Pueblo se requiere la nacionalidad panameña, pero no hace ninguna especificación sobre la que se adquiere mediante la nacionalización.
Las declaraciones de Tejada Espino surgen ante cuestionamientos de algunos sectores, sobre la existencia de un objetivo oculto en las modificaciones que se están introduciendo en relación con la Defensoría del Pueblo.
La posición del defensor del Pueblo de Panamá fue respaldada por los defensores y procuradores de los derechos humanos de Centroamérica tras el encuentro realizado en esta capital.
Estos acordaron solicitar a los parlamentarios de Panamá y Costa Rica elevar la institución defensora de los derechos humanos y ponerse al nivel del resto de los países de Iberoamérica.
En otros temas, los defensores solicitan a los gobiernos del área formular políticas públicas para desarrollar fuentes de generación energética, especialmente las renovables, de modo que se garantice el suministro a la población al más bajo costo posible.
En una larga declaración los defensores y procuradores de los derechos humanos abordaron temas como la educación y que se incluya en los planes de estudios en segundo ciclo el "desarrollo humano sostenible en la región centroamericana y el cumplimiento de la convención que elimina todas las formas de discriminación contra la mujer".
El Consejo Centroamericano de Procuradores de los Derechos Humanos también insistió que la información es necesaria para promover la transparencia y combatir la corrupción.
Igualmente, abogaron por reafirmar la independencia de los Organos Supremos Electorales, integrándolos con personas especializadas en la materia y reconocida honorabilidad.
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