La Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) pidió a la actual administración investigar una posible ilegalidad en los permisos de instalación de un incinerador de desechos tóxicos internacionales en Amador.
Según informes, faltando siete días para concluir el mandato de Mireya Moscoso, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), autorizó a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración S.A., recibir y disponer de los desechos generados por buques en el puerto de Amador.
Para Antonio Domínguez, miembro de la Junta Directiva de la ARI, le corresponde a la actual administración revisar si la concesión permitía la actividad, pues al parecer la pasada desconocía de ese incinerador.
Consideró que la ARI tiene que actuar y decidir si ordena eliminar el incinerador, o que se efectúe un estudio que determine si la actividad contamina el área, afectando el turismo de esa zona.
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