El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, solicitó al director del Centro de Detención de Tinajitas, Manuel Torres, la libertad del uruguayo Eduardo Sierra Casal, en virtud de la Resolución Número 8 del 4 de abril de 2001 emitida por el Organo Ejecutivo, que rechaza la petición de extradición formulada en su contra por el gobierno ecuatoriano.
"En la respectiva resolución emitida por el Organo Ejecutivo denegó la extradición del prenombrado Sierra Casal", indicó el procurador Sossa.
El gobierno panameño negó la solicitud de extradición pedida por el Ecuador, en contra del uruguayo Eduardo Sierra Casal, por considerar que su caso está motivado por razones de persecución política.
La Resolución Número 8, que lleva la firma de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, y del canciller José Miguel Alemán, niega la extradición de Sierra Casal, al estimar que es perseguido por razones políticas, y no se comprobó ninguna acción dolosa de su parte, en las acusaciones que se le imputan por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida de bienes y abuso de confianza consagrado en el Código Penal ecuatoriano.
La defensa de Sierra Casal estuvo a cargo del jurista panameño Emilio Royo Linares, quien ante las instancias pertinentes sostuvo lo improcedente de esta medida, señalándola como de origen político y sin ninguna sustentación legal.
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