Un recurso de nulidad presentado por el abogado Víctor Almengor, podría terminar con las pesquisas realizadas por la supuesta emisión de bonos por un monto de B/.300 millones que serían colocados en el mercado estadounidense en el que se involucra a la alcaldesa de la provincia de Colón, Matilde Rosales de Ardines.
Trascendió que el recurso fue presentado para determinar la legalidad de las acciones realizadas por las autoridades de investigación, en cuanto a ordenar la ejecución de una serie de diligencias sobre la alcaldesa Rosales de Ardines y varios concejales del Municipio de Colón.
El recurso de nulidad se fundamentó en el hecho que la juez principal Celia de Duncan se declaró impedida y la legislación existente señala que en este caso el impedimento debe correr para todo el despacho y no se podía habilitar a su suplente Enrique Pérez.
Durante las investigaciones realizadas por el fiscal Superior Especial Cristóbal Arboleda se determinó la presunta existencia de responsabilidad penal por parte de la alcaldesa Rosales de Ardines, de cuatro concejales, el tesorero José Mercedes Brown, el asesor legal Luis Banque, los empresarios Richard Stanton y Víctor Rivera.
Las investigaciones relacionadas con este caso se iniciaron en el año 2000, luego que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) alertara a la Embajada de Panamá en Washington sobre la existencia de una emisión de bonos por B/.300 millones sin respaldo que intentaban ser colocados en mercado bursátil de ese país.
Durante las pesquisas el Ministerio Público determinó la vinculación de las empresas Trident Plus y Constructora Rivera que supuestamente realizarían una serie de obras en la provincia de Colón, una vez los bonos fuesen colocados en el extranjero.
En las sumarias también se investigó a los empresarios Víctor Rivera y Richard Stanton como los autores intelectuales del fraude mediante la emisión de los bonos que serían colocados en los Estados Unidos y Europa.
Según las investigaciones, un funcionario de Control Fiscal de la Contraloría de la República se encontraba presente el 31 de mayo del 2000, cuando se autoriza al Tesorero Municipal José Mercedes Brown para la emisión de los bonos necesarios para ejecutar las transacciones a fin de cumplir con el contrato de préstamo con garantía de bonos municipales por valor de B/.300 millones con la empresa Triden Plus.
En este expediente también se investigó a los empresarios Luis Sempero, Alfonso Edwards y Jesús Yerena. Aquí también se analizó la participación de los concejales Juan Mitre, Carlos Villarreal y Daniel Ortega a quienes se le impuso impedimento de salida del país.
Mientras que Félix Lorenzo, de la Dirección de Ingeniería Municipal de Arraiján, comparte el criterio de la competencia del municipio, que legalmente está facultado a otorgar permisos de construcción para urbanizaciones.
Sin embargo, consideró que los representantes de otras entidades que intervienen en esta aprobación buscan escudarse en la Dirección Municipal para evitar responsabilidades en la fiscalización del cumplimiento de los planos de las urbanizaciones.
"Nosotros fiscalizamos en la medida de nuestras posibilidades, porque no contamos con recursos económicos ni de personal para prever esta situación", dijo Lorenzo.
Aseguró que no pretende eludir responsabilidades, pero lo ocurrido con las inundaciones de algunas barriadas en Arraiján, es producto de la naturaleza y no porque se haya obviado una inspección a las urbanizaciones.
"Nosotros aprobamos planos que prácticamente vienen avalados por las instituciones que conforman la ventanilla única", dijo.
El ingeniero señaló que las inundaciones ocurren porque los ríos no se dragan, pues personal municipal constató durante un recorrido que el problema no se dio en un punto específico.
Expresó que se debe realizar una inspección para determinar si en el área las aguas que van a los ríos han aumentando producto de la cantidad de viviendas, lo que provoca que las vertientes crezcan y se den inundaciones.
"Ya es tiempo de que al distrito se le mire con responsabilidad por el aumento de la población como consecuencia de la creación de nuevas barriadas", señaló.
Otro de los problemas que enfrenta el distrito es que no existe un estudio o plan de desarrollo integral que zonifique las áreas residenciales, comerciales o industriales y que especifique qué terrenos se pueden utilizar.
No obstante, Denis Hernández, jefe de Planificación de Centro Urbano, dijo que la aprobación de estos planos para las zonas residenciales se da de acuerdo a la intensidad de habitantes y del tipo de infraestructura por la cual se evacuarán las aguas servidas y las pluviales.
Aclaró que el MIVI establece las normas y hace las propuestas, pero finalmente es el municipio que tiene que fiscalizar que se haya construido de acuerdo con los planos aprobados.
En tanto, Bríspulo Hernández, del Centro de Investigación Hidráulica de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomendó, tras un reciente estudio, eliminar los árboles en aquéllas construcciones muy cercanas a los ríos, pues éstos impiden, al igual que los desechos sólidos, el recorrido de las aguas.
Denunció la falta de dragado en los ríos que se desbordaron el sábado en Arraiján, lo que fue comprobado en un recorrido por el área de las inundaciones.
Para Hernández, en el área no se presentan solamente los problemas de falta de dragado de los ríos, sino también el irrespeto de las servidumbres, aunado a la construcción de calles de concreto o asfalto.
Otro aspecto que incide en las inundaciones es la construcción de tanques sépticos fuera de las disposiciones sanitarias, situación que es más grave aún, pues las aguas servidas contaminan las fuentes del vital líquido.
Por su parte, el ingeniero Vicente González, de la Dirección de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, dijo que la norma de agua residual aprobada en el 2000, obliga a la colocación de plantas de tratamiento y elimina los tanques sépticos.
No obstante, aún existen proyectos que están en aprobación que mantienen los tanques sépticos, pero a éstos se les exige la colocación de filtros para controlar que las aguas no lleguen "crudas".
Asimismo, denunció que estos tanques deben estar colocados a una distancia mínima de 10 metros de distancia desde la orilla del río, pero que muchas constructoras están faltando a estos estándares.
Cabe destacar que el MIVI, conjuntamente con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), designó una comisión interinstitucional que evaluará las causas directas e indirectas que provocaron las inundaciones.
Esta comisión debe entregar este informe a más tardar en 30 días, con las recomendaciones para que eventos similares no se vuelvan a repetir.
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