Las 30 pruebas presentadas en la impugnación contra el diputado electo Jorge Alberto Rosas recibieron una doble interpretación por parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), tales como el uso de partidas circuitales y apoyo del Gobierno central.
Ayer, al presentar un recurso de reconsideración sobre el rechazo que hiciera el TE a la impugnación de las elecciones en el 4-6, el abogado Arturo Vallarino explicó que los magistrados aceptaron todas las denuncias presentadas en mayo de 2014, pero ahora exigen de antemano que se demuestre el objeto de la investigación y proceso.
“Pareciera que hay una parcialidad notoria de parte del Tribunal Electoral; antes a los diputados se les satanizó por el uso de partidas circuitales, pero ahora no”, cuestionó el abogado.
En esta reconsideración, la defensa de la candidata de Cambio Democrático (CD) Ana Giselle Rosas de Vallarino manifestó que fueron recordados a los magistrados del Tribunal Electoral los motivos de la anulación que se hizo a la proclamación de 11 diputados en las elecciones de mayo.
“Pareciera que los magistrados tienen un criterio diferente y que se han olvidado de que para anular las primeras elecciones se utilizó como fundamento el uso de partidas circuitales, sin embargo, en el rechazo de la demanda se dice que el uso de fondos públicos no aplicaba el 21 de diciembre”, repudió el jurista.
Para hacer la sustentación, se busca “identificar la causal o causales en que se fundamenta la demanda”, como establece el artículo 339 del Código Electoral.
En los dos procesos electorales las circunstancias fueron las mismas, con la diferencia de que uno de los competidores fue diputado hasta el 30 de julio.
Hubo uso de partidas
En el documento de apelación se describe la utilización de un cuarto de millón de dólares en los municipios, dinero que no fue tomado en cuenta por el TE, por decirse que fue enviado a otras partes de la región.
Esto, durante el traslado de unos 250,000 dólares del erario público a las juntas comunales y municipios del circuito 4-6, durante la época de celebración de elecciones, utilizados para promocionar fiestas de fin de año, que incluían la distribución de regalos.
La publicidad estatal no faltó. Una semana antes del 21 de diciembre, fue anunciada la construcción de obras por el Programa Nacional de Desarrollo Local (Pronadel), y se destinaron equipos para mejoramiento vial, se indicó que fueron resultado de “gestiones del exdiputado Jorge Alberto Rosas”.
Bolsas de comida para el Día de la Madre, en Navidad y distribución de regalos se llevaron a cabo en pleno proceso electoral, además de una copia de cheques que demostraban la compra de votos; fotografías con testigos que captaron el momento en que el diputado panameñista José Luis Varela, personalmente, repartía regalos de Navidad en ese circuito.
“Los magistrados no se han inmutado ante esos hechos, cuando en las sentencias dictadas para anular las elecciones dijeron que cualquier donación pública o privada que fuera dirigida al votante para afectar su decisión era objeto de nulidad”, subrayó la defensa.
En este sentido, los magistrados han tenido inconsistencias, pues en su discurso han planteado la pureza del sufragio y la libertad de elector en las urnas.
Paradógicamente, en el 4-6 se detuvo camiones del IMA enviados por el Gobierno central, para apoyar la candidatura de Jorge Alberto Rosas.
El candidato del panameñismo habría entregado “sumas de dinero, contenido en cheques de su cuenta bancaria personal, a residentes de diferentes corregimientos del circuito 4-6, para favorecer sus propósitos políticos”.
La demanda se sustenta en la violación directa de las garantías constitucionales, que “prohíben el apoyo oficial a candidatos”.
Datos
- Pruebas contundentes: Solo en el circuito 4-6, que corresponde al oriente chiricano, se han presentado unas 30 pruebas de uso de recursos estatales, que incluyen denuncias ante la Fiscalía Electoral, declaraciones juradas, fotografías, videos, copias de cheques y las violaciones cometidas.
- No hubo diligencias: La práctica de diligencias exhibitorias corroboraría las causales de impugnación mostradas por la defensa de Ana Giselle Rosas de Vallarino.
