Las propuestas sobre el soñado saneamiento de la bahía de Panamá tomaron una tonalidad distinta con la reciente discusión de la versión mejorada del Acuerdo Municipal N"35, que propone la creación de plantas para el tratamiento de aguas servidas en edificaciones, entre miembros del Consejo Municipal, funcionarios de algunos ministerios y de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).
Convocados en una mesa redonda en el Ateneo de Ciencias y Artes, miembros de la SPIA, representantes del Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Vivienda (MIVI), del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), la Universidad de Panamá y la Cámara Panameña de la Construcción, conversaron sobre la viabilidad de la nueva versión del Acuerdo que encontró puntos divergentes entre algunos asistentes.
Para Luis Barahona, ingeniero Civil y miembro de la SPIA, el manejo de las aguas residuales en las áreas urbanas no tiene otra alternativa que recogerlas y tratarlas antes de verterlas en la bahía de Panamá. "Eso tarde o temprano tenía que ser la solución al problema de contaminación en la bahía", sostuvo.
De acuerdo con Barahona, el problema del antiguo acuerdo N"35 radicaba en el punto donde se especificaba "que las edificaciones residenciales nuevas deberían llevar plantas para el tratamiento de aguas residuales independientemente si existían o no sistemas de alcantarillados".
Esto fue calificado como una contradicción por el ingeniero, "porque no en todas las residencias existen sistemas de alcantarillados".
"Afortunadamente en el nuevo documento que se presenta esta noche ese problema ha sido solucionado", advirtió Barahona, al tiempo que citó el artículo tercero "que dice claramente que en caso de existir alcantarillado sanitario, las edificaciones con las características mencionadas en este acuerdo deberán contar con instalaciones del sistema de pre-tratamiento, para aquellas aguas que no sean residuales domésticas".
En otras palabras, "las residencias o edificios que generen aguas residuales domésticas en lugares donde existan alcantarillados domésticos no requerirán de sistemas de tratamiento, ni pre-tratamiento, así que de esa manera se soluciona el problema y cumpliendo el nuevo acuerdo con la intención original de reducir el nivel de contaminación en la bahía de Panamá".
La proponente del proyecto, la representante del corregimiento de San Francisco, Astrid Wolf, junto con miembros del Consejo Municipal, se presentó con algunas copias del renovado Acuerdo 35, que por algunos detalles debió ser corregido.
La idea de instalar plantas para aguas servidas no parece mala, sin embargo, como explicó el presidente de PANADIS, Gertulio Castillo, "para poder aplicar el acuerdo N"35 incluso, en la versión final, deben existir normas claras sobre la calidad que deben tener tanto los efluentes que van a ser vertidos a las aguas como la capacidad de agua de estos efluentes y el resultado final".
Señaló que en estos momentos el MINSA elabora normas de calidad de aguas servidas, las cuales se preparan incluso con la participación de gremios de la sociedad civil, y que hasta tanto esas normas no sean claramente establecidas "va a ser difícil poner en práctica las disposiciones que se establecen en el acuerdo".
Castillo sostuvo que si bien es cierto en la última versión se establece un mecanismo coordinado entre las diferentes instituciones que tienen que ver y diseñar las instalaciones de las plantas, de acuerdo con del código sanitario y dentro de la ley general del ambiente "aún quedan las normas específicas que están en elaboración para poder ejecutarlo".
"Si no se tienen caracterizados los diferentes tipos de cargas de aguas servidas y no se establecen las cualidades que se esperan en el cuerpo receptor, entonces es difícil que incluso la oficina del MINSA a través de la ventanilla única pueda establecer el tratamiento ideal o apropiado para cada uno de los proyectos que se le presentan", añadió.
Otro de los inconvenientes que puede presentar el acuerdo, según Castillo, es que "no encaja dentro de los conceptos de economía de escala, porque no es lo mismo construir cientos de plantas de tratamiento en edificaciones nuevas que en edificaciones existentes que lo requieran".
Otro punto del acuerdo N"35 que podría resultar problemático, según el presidente de PANAIDIS, será "la capacidad que pueda tener la institución encargada de revisar estas instalaciones, que sería el IDAAN, para poder dar tratamiento a todas las plantas que se instalen en la comunidad", dada la cantidad de tuberías rotas y otros trabajos urgentes que esa institución realiza a diario.
En tanto, Luis Bustos del MIVI, sostuvo que en la versión del acuerdo en el artículo primero, que trata de las edificaciones donde deben construirse las plantas, "el término condominio no es el apropiado si se quiere referir más bien a edificio de apartamentos".
Indicó que si bajo el término "condominios" se intentan identificar a los edificios de apartamentos, deberá tomarse en cuenta que su institución construye "viviendas de solución rápida", cuya construcción se encarecería con la instalación de plantas servidas.
En este punto de la discusión, la representante Astrid Wolf, aclaró que los edificios tipo Salomón, cuya construcción se destina a personas de bajos recursos, no tendrán que construirse plantas para el tratamiento de aguas servidas, es decir que "no entran en lo estipulado la versión mejorada del Acuerdo N"35".
La discusión sobre el Acuerdo N"35 no terminó esa noche, ya que según Wolf, antes de su aplicación deberán tomarse en cuenta otras opiniones para "enriquecerlo", y que encuentre el aval de todos los sectores involucrados. De hecho, el próximo jueves 29 de junio, la SPIA en su asamblea general otorgarán cortesía de sala al coordinador de la Comisión de Agua, Pedro Arosemena, quien dará un informe de la mesa redonda sobre el Acuerdo.
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