Ante la oposición manifiesta de parte de diversos organismo sociales, a endurecer las penas a los menores de edad que cometan un delito, el viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, planteó ayer ante la Comisión de Asuntos de la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa, la posibilidad de que apliquen sanciones a los padres de estos jóvenes.
No detalló la forma cómo se aplicarían las sanciones a los padres de los menores; indicó que hay un problema grave al cual hay que prestar mucha atención, pues se trata de jóvenes que cometen actos violentos y mantienen atemorizada a la comunidad decente de este país. Pérez señaló que hay que buscar alguna alternativa porque el gobierno no puede permitir que la delincuencia siga afectando a la mayoría de los panameños, sin hacer nada.
Mientras el presidente de la Asamblea Legislativa, Jacobo Salas, dijo que muchas de estas personas de clase social alta, que forman parte de estos organismos que protegen a los menores de edad, deben trasladarse a los barrios populares y conocer el temor con en que viven a diario estas personas.
En tanto, James Innis, criminólogo panameño que estudió y residió en el estado de Florida, en Estados Unidos, expresó que su experiencia con estos casos, le permiten señalar que estas personas que UNICEF y otros organismos llaman "muchachos", no son más que "unos criminales".
Se trata de jóvenes que difícilmente se regeneran y por eso hay que mantenerlos "aislados" y evitar que hagan daño al resto de la sociedad, razón por la que se mostró a favor del proyecto de ley que propone el incremento hasta de veinte años para los menores de edad que incurren en delitos graves.
Gloria Young, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, expresó que se acordó extender hasta el lunes el plazo de consultas, previo al inicio de la discusión de los artículos del proyecto de ley.
