La razón: consideran "ilegal, injusta e improcedente" la contratación de Aliprac, ya que el pliego de cargos exigía una solvencia económica de 3 millones de dólares, que permitió la exclusión de los consorcios locales.
Pero las cosas se ponen difíciles para los empresarios panameños. Ya el viceministro de Gobierno y Justicia encargado, Danilo Toro, indicó que el "proceso estaba montado y en el camino correcto", pues cumplieron con las exigencias de la ley. "Llamamos a licitación y no participaron", agregó Toro.
Pese a ello, estos grupos junto a la Fundación Apoyo al Detenido de Javier Justiniani, no se darán por vencidos y pidieron al Consejo de Gabinete la anulación de lo actuado por el Ministerio de Gobierno y Justicia. "Hay mano negra en esta licitación", advierte Justiniani, resaltando que las autoridades "hicieron el vestido a la medida de esta empresa salvadoreña experta en pupusas (tortillas)". Pero los empresarios panameños no sólo cuestionan el sistema, sino que tienen propuestas para solventar el problema. Antes, aclaran que no presentaron "ofertas económicas" porque de hacerlo sería acoger sin restricciones el Pliego de Cargos de la Licitación con el que no estuvieron de acuerdo.
Proponen descentralizar el suministro de alimentos del sistema carcelario, con cocinas "in situ" para cada penal, optimizando las infraestructuras existentes y construyendo nuevas que pasan a ser propiedad del Estado.
Sus locales tendrían agua potable, plantas eléctricas, cuartos fríos, entre otros.
Ofrecerán el servicio no sólo en Panamá y Colón, como tiene previsto Aliprac, sino que atenderán el 100% de la población carcelaria del país y cumplir así, con el Artículo 68 de la Ley 55 que reorganiza el Sistema Penitenciario y que obliga a suministrar una alimentación de calidad a todos los reclusos.
Adicionalmente, proponen que el Instituto Nacional para el Desarrollo Humano (INADEH) capacite a un grupo de reos que tengan un perfil específico, a fin de integrarlos a las labores y puedan recibir un salario para satisfacer sus necesidades. Aunque no precisaron el precio de su propuesta, los empresarios panameños aseguran que representa una reducción sustancial de los importes actuales del contrato, que en la actualidad supera los 30 millones de dólares en un lapso de cuatro años.
Cabe recordar, que el Estado aparentemente le está ofreciendo a Aliprac 5 millones de dólares anuales por este servicio. Sin embargo, la Fundación Apoyo al Detenido maneja cifras que superan los 8 millones de dólares anuales.
Este medio trató de contactar a las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia para aclarar este dato, sin embargo, no respondieron a las llamadas.
"Ellos utilizan yodo en el proceso de preparación de alimentos, lo cual conduce a disminuir la erección, causa infertilidad e impotencia sexual en los internos", dijo.
A esta advertencia, se suman varias denuncias públicas formuladas por reclusos salvadoreños por Internet, pues hasta el café le agregan yodo que sirve -supuestamente- para disminuirles el deseo sexual porque las visitas íntimas son escasas.
Al respecto, el médico general Ariel Prado, negó categóricamente esta relación, puesto que muchas veces recomiendan el consumo de yodo como suplemento alimenticio para prevenir la tiroides.
Panamá América trasladó tal inquietud a los representantes de Aliprac en El Salvador, pero también negaron este hecho.
Pese a esto, la Fundación Apoyo al Detenido junto a los dueños de restaurantes exige la anulación del contrato y "partir de cero". La última palabra la tiene el Ministerio de Gobierno y Justicia.
