Una nueva suspensión de la audiencia seguida al médico Emanuel Carrillo Brux por el presunto delito de homicidio en perjuicio Gladis Yineth Reina Tuñón, perpetrado en el año de 1996, provocará un retraso de casi año para determinar su responsabilidad o no en este hecho.
De acuerdo con una fuente judicial, el Segundo Tribunal fijó una nueva de audiencia para junio del 2005, luego que la defensa de Carrillo Brux fuera asumida por un nuevo abogado defensor y éste argumentara no estar familiarizado con el expediente.
La fuente precisó que los familiares de la menor se sienten frustrados ante la nueva posposición de la audiencia, pues el médico está libre bajo una medida cautelar y ejerciendo.
Este proceso se ha extendido por más de siete años, ya que la muerte de la menor se produjo en agosto de 1996 en la Vía Ricardo J. Alfaro y a la fecha, a pesar de haberse programado la audiencia en varias ocasiones, esta no se ha realizado.
De acuerdo con las sumarias instruidas por el Ministerio Público, el médico abrió fuego contra el vehículo, luego de sufrir una colisión con un auto conducido por Alexis Pérez.
Según las sumarias, a raíz del choque el vehículo de Carrillo Brux sufrió daños de consideración y por la colisión la menor sufrió golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que los ocupantes del auto decidieron trasladarla al hospital.
Sin embargo, el médico Carrillo Brux supuso que los ocupantes del auto intentaban darse a la fuga, por lo que sacó su pistola y realizó varias detonaciones, tres de los cuales impactaron el cuerpo de la menor Yineth Reina Tuñón.
En el circuito 8-1 de Arraiján, miembros del PRD y el Partido Popular pidieron la revisión de las cifras para anular la proclamación del candidato José Pepe Hill.
La legisladora del PRD, Maribel Coco, presentó una impugnación contra el acto de proclamación del legislador Franz Wever, también del PRD, tras asegurar que en la Junta de Escrutinio hubo muchas irregularidades.
El legislador arnulfista Carlos Santana presentó una impugnación en contra del legislador electo Rubén De León del circuito 9-1 en Veraguas, porque unos simpatizantes de De León, irrumpieron en la Junta de Escrutinio y amenazaron a sus miembros para que hicieran una nueva proclamación.
El secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, hizo pública unas supuestas pruebas que vinculan al legislador perredista, Carlos Alvarado, en un caso de compra de votos. Afirmó también que hubo malos manejos de dinero del Estado en juntas comunales de Las Tablas, Chitré, Los Santos, Aguadulce, Santiago, Chiriquí, destinados a becas, bonos de comida y hasta efectivo, para beneficiar a candidatos oficialistas.
El candidato a legislador del circuito 4-3 Santiago Fundora presentó una impugnación a la proclamación de la Sra. Jazmina Guillén de O Brien por presuntas anomalías en el conteo de 10 mesas y porque se anularon 3 de las 23 actas correspondientes.
La frustración por la derrota dio paso a la rabia y a la falta de control de algunos activistas políticos durante las pasadas elecciones.
Sus exabruptos no pasaron desapercibidos y afortunadamente fueron controlados por las autoridades competentes, quienes evitaron que pasaran a mayores.
Los más sonados son dos casos supuestamente provocados por activistas del partido Arnulfista.
Los culpables tendrán que ser juzgados, y dependiendo de la responsabilidad de cada uno de los involucrados, las penas que les aplicarán serán de hasta tres años de cárcel.
El corregimiento La Represa, en La Chorrera, fue uno de los escenarios. Allí golpearon a una funcionaria del Tribunal Electoral, quien tuvo que ser remitida a un hospital.
Los magistrados del Tribunal Electoral autorizaron el levantamiento del fuero electoral al representante Jorge Castillo García, acusado de irrumpir violentamente en la Junta Comunal de Escrutinio La Represa para apoderarse de las actas y así afectar el resultado de las elecciones.
El otro incidente sucedió en Chepo, cuando tres simpatizantes del candidato oficialista Hernán Delgado, atacaron a una delegada electoral. Ellos fueron condenados a 48 horas de arresto.
En Veraguas activistas del PRD y el Partido Arnulfista se empujaron y discutieron en la proclamación de los dos legisladores electos del circuito 9-1. Los policías evitaron que los revoltosos se tomaran la mesa de los miembros de la Junta Circuital de Escrutinio.
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