Debido a esta situación, explicó el funcionario se decidió alquilar a una empresa el edificio pequeño del antiguo hospital de Clayton, cuyo contrato ya fue aprobado en Consejo de Gabinete y está a la espera del refrendo del contralor.
Explicó que si en un futuro la CSS llegase a mejorar estos edificios, lo haría con el grande del hospital y sería destinado para poner toda la administración.
Con el edificio chico, dijo, lo que se quiere es dejarlo al fideicomiso para los pensionados y jubilados, ya que éste estaría dándole a la CSS una rentabilidad que ayudaría al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
"Nosotros pensamos que la CSS tendría que invertir cerca de 10 millones de balboas que en estos momentos no existen. Por el momento es mejor alquilar, porque así se hacen las remodelaciones y se nos da tiempo de que mejoren las condiciones para poder hacer las inversiones", enfatizó.
Mediante resolución del Consejo de Gabinete, de 2 de julio pasado, se emitió concepto favorable al contrato que suscribirá la CSS con la empresa PTY Investment Corp, para el arrendamiento del citado edificio.
El alquiler que tendrá un período de doce años y seis meses, tendrá un canon de arrendamiento de B/.15 mil mensuales, los que totalizan 2 millones 250 mil balboas.
Con el producto de este arrendamiento se estará incrementando el fideicomiso a favor del programa IVM de la CSS, para pagar a los más de 100 mil jubilados que existen.
"La cantidad de personas que habita en ese sector repercute en una mayor cantidad de desechos que van a dar a los caudales, al igual que las aguas residuales, lo que provoca la contaminación de las aguas puras de los ríos", manifestó.
Expresó que lo ocurrido la semana pasada en el área Oeste, debe llamar la atención de todos los constructores para que reflexionen de que las inundaciones son una advertencia de la naturaleza, porque los árboles a la orilla de un río cumplen con el propósito de retener las aguas de las crecidas.
Igualmente, Vergara responsabilizó a los moradores que indiscriminadamente arrojan desechos sólidos a las corrientes evitando el proceso de disipación energética de los ríos.
Concluyó que la fiscalización y seguimiento es la única forma para que los constructores cumplan con las especificaciones originales de la obra y no afecten las servidumbres forestales, pero, aclaró, que esto le corresponde a las autoridades municipales. Mientras que Félix Lorenzo, de la Dirección de Ingeniería Municipal de Arraiján, comparte el criterio de la competencia del municipio, que legalmente está facultado a otorgar permisos de construcción para urbanizaciones.
Sin embargo, consideró que los representantes de otras entidades que intervienen en esta aprobación buscan escudarse en la Dirección Municipal para evitar responsabilidades en la fiscalización del cumplimiento de los planos de las urbanizaciones.
"Nosotros fiscalizamos en la medida de nuestras posibilidades, porque no contamos con recursos económicos ni de personal para prever esta situación", dijo Lorenzo.
Aseguró que no pretende eludir responsabilidades, pero lo ocurrido con las inundaciones de algunas barriadas en Arraiján, es producto de la naturaleza y no porque se haya obviado una inspección a las urbanizaciones.
"Nosotros aprobamos planos que prácticamente vienen avalados por las instituciones que conforman la ventanilla única", dijo.
El ingeniero señaló que las inundaciones ocurren porque los ríos no se dragan, pues personal municipal constató durante un recorrido que el problema no se dio en un punto específico.
Expresó que se debe realizar una inspección para determinar si en el área las aguas que van a los ríos han aumentando producto de la cantidad de viviendas, lo que provoca que las vertientes crezcan y se den inundaciones.
"Ya es tiempo de que al distrito se le mire con responsabilidad por el aumento de la población como consecuencia de la creación de nuevas barriadas", señaló.
Otro de los problemas que enfrenta el distrito es que no existe un estudio o plan de desarrollo integral que zonifique las áreas residenciales, comerciales o industriales y que especifique qué terrenos se pueden utilizar.
No obstante, Denis Hernández, jefe de Planificación de Centro Urbano, dijo que la aprobación de estos planos para las zonas residenciales se da de acuerdo a la intensidad de habitantes y del tipo de infraestructura por la cual se evacuarán las aguas servidas y las pluviales.
Aclaró que el MIVI establece las normas y hace las propuestas, pero finalmente es el municipio que tiene que fiscalizar que se haya construido de acuerdo con los planos aprobados.
En tanto, Bríspulo Hernández, del Centro de Investigación Hidráulica de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomendó, tras un reciente estudio, eliminar los árboles en aquéllas construcciones muy cercanas a los ríos, pues éstos impiden, al igual que los desechos sólidos, el recorrido de las aguas.
Denunció la falta de dragado en los ríos que se desbordaron el sábado en Arraiján, lo que fue comprobado en un recorrido por el área de las inundaciones.
Para Hernández, en el área no se presentan solamente los problemas de falta de dragado de los ríos, sino también el irrespeto de las servidumbres, aunado a la construcción de calles de concreto o asfalto.
Otro aspecto que incide en las inundaciones es la construcción de tanques sépticos fuera de las disposiciones sanitarias, situación que es más grave aún, pues las aguas servidas contaminan las fuentes del vital líquido.
Por su parte, el ingeniero Vicente González, de la Dirección de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, dijo que la norma de agua residual aprobada en el 2000, obliga a la colocación de plantas de tratamiento y elimina los tanques sépticos.
No obstante, aún existen proyectos que están en aprobación que mantienen los tanques sépticos, pero a éstos se les exige la colocación de filtros para controlar que las aguas no lleguen "crudas".
Asimismo, denunció que estos tanques deben estar colocados a una distancia mínima de 10 metros de distancia desde la orilla del río, pero que muchas constructoras están faltando a estos estándares. Cabe destacar que el MIVI, conjuntamente con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), designó una comisión interinstitucional que evaluará las causas directas e indirectas que provocaron las inundaciones.
Esta comisión debe entregar este informe a más tardar en 30 días, con las recomendaciones para que eventos similares no se vuelvan a repetir.
