EL artículo 11, el que ha generado este conflicto, establece la creación de una zona de exclusión, comprendida en el área del Pacífico panameño al norte del paralelo 06º 30´ 0", en la que se prohíbe la utilización de redes de cerco (empleadas por barcos atuneros) para la pesca de atún, toda vez que dichos aparejos de pesca afectan especies marinas del área, como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras.
Líder Sucre, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), expresó su preocupación porque han recibido información extraoficial de que la Ley Coiba se pretende modificar para permitir la pesca industrial, y que ya existe un proyecto para tal fin.
Resaltó que una de las razones por la que se opone a estos cambios es que la pesca industrial de atún genera poca empleomanía en relación con la cantidad de pescado que se extrae del mar. "Estamos hablando de naves extranjeras que tienen sus sistemas altamente automatizados sin que esa pesca tenga un valor agregado muy alto".
Precisamente este artículo de la ley, explicó Sucre, buscaba apoyar a los pescadores nacionales artesanales y se incluyó, además, la Zona Especial de Protección Marina en la ley para darle un manejo adecuado, inteligente y sostenible a la pesca artesanal.
"Esta fue una ley ampliamente debatida y es preocupante que se esté conversando, de la noche a la mañana, de cambiar este artículo sin ser debatido en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional", destacó.
Para Luis López Alfaro, de la Fundación para la Conservación de la Naturaleza, el Mar y las Especies Marinas (CONAMAR), es un "abuso" que los directivos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), ente que todavía no ha entrado a funcionar, estén promoviendo, sin consultas y sin discusión, cambios a una ley que fue ampliamente consensuada y que contó en su momento con el respaldo de ambas bancadas legislativas, tanto de oposición como de gobierno.
"Cómo una Autoridad que se acaba de crear y que no ha entrado a funcionar va a echar por tierra el gran trabajo que se hizo con las diversas organizaciones que participaron en el proceso de consultas de la Ley 44", preguntó López.
Indicó que hay algunas empresas en la Zona Franca del Barú, en Chiriquí, que sabían y conocían que esta ley existía, incluso antes de que se instalaran en esa provincia.
"Ellos sabían las reglas del juego y no se pueden modificar cada vez que se incomoda a un grupo. Quieren acomodar la ley a estas empresas que cuando llegaron al país sabían de la existencia de esta norma. Ya hay un proyecto de ley circulando, del cual desconocemos su contenido, porque lo están manejando tras bastidores", denunció.
La posición de López no es compartida por Marcos Ostrander, presidente de CONAMAR, la misma organización a la cual éste pertenece, y es que según Ostrander, en reunión reciente con el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Richard Pretto, éste le informó que sólo se le va hacer una excepción a la ley para que los barcos de pesca de las granjas atuneras puedan pescar en polígonos pequeños y específicos, con restricciones específicas de pesca y con observadores a bordo.
Explicó que van a ser como tres licencias de granjas atuneras y cada una tendrá su bote pequeño y pescaría especímenes para colocarlos en las jaulas de engorde de estas granjas.
"Esta es la información que yo tengo, si es bajo esta situación, con toda la seguridad y la seriedad con la que el administrador nos la planteó, nosotros no tenemos objeción porque está bastante bien llevado el tema", enfatizó Ostrander.
Para Amelie González, gerente legal de la Fundación Mar Viva, lo preocupante de estos posibles cambios es que todo este movimiento se haya hecho de manera inconsulta a los grupos interesados y al Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
A su juicio, la actividad de las granjas atuneras debe estar reglamentada por la autoridad competente para que se desarrolle de una manera amigable con el ambiente, porque de lo contrario se cometerían errores que traerían perjuicios al ecosistema marino de Panamá, independientemente de que sólo se trate de una excepción para las empresas que en el área se dediquen a la acuicultura.
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