Una denuncia por abuso de autoridad y extralimitación de funciones fue presentada ayer ante el Ministerio Público contra la fiscal Tercera de Circuito, Esther Uribe, luego que el Segundo Tribunal de Justicia declarara ilegal una orden de arresto emitida por ella contra el abogado Gonzalo Moncada.
Moncada presentó la denuncia contra la funcionaria de Instrucción, bajo el argumento que la fiscal emitió una orden de arresto en su contra por haberle faltado el respeto, pero que el Segundo Tribunal de Justicia al resolver un recurso de Hábeas Corpus, estableció que la citada orden era ilegal.
Alegó que el 16 de julio fue arrestado por espacio de cuatro horas por miembros de la Policía Técnica Judicial (PTJ), quienes le advirtieron que actuaba a petición de la fiscal Tercera de Circuito, Esther Uribe.
En su escrito el abogado Moncada solicitó que sancione ejemplarmente a quienes resulten responsables de su arresto, debido a que le fueron vulnerados sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, así como normas del Código Penal.
Sostuvo que no se puede permitir a funcionarios de Instrucción que amparándose en su investidura se abroguen la facultad de actuar al margen de la ley, y cometer abusos que ponen en peligro los más elementales derechos ciudadanos.
También alegó que la orden emitida en su contra no tenía ningún fundamento legal y que prueba de ello son las declaraciones de los agentes de la PTJ, que se encontraban presentes en el momento en donde supuestamente se produjo el falto de respeto.
Por otro lado, se informó que hoy se realizará un careo en la Fiscalía Tercera de Circuito entre Alberto De La Guardia y un testigo de la fiscalía de apellido Mejía, dentro de las investigaciones por la supuesta clonación de tarjetas de crédito.
Trascendió que De La Guardia se encuentra recluido en La Joyita, luego que el Segundo Tribunal de Justicia rechazara una petición de fianza de excarcelación.
Presentan denuncia contra fiscal por abuso de autoridad
Moncada señaló que no se puede permitir a funcionarios de Instrucción que amparándose en su investidura se abroguen la facultad de actuar al margen de la ley.