El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Luis Díaz está de acuerdo con que a los comunicadores sociales implicados en casos de calumnia e injuria se le sigan los procesos, ya que los indultos afectan la credibilidad de los periodistas.
Aseguró que las denuncias interpuestas contra los periodistas obedecen a momentos de ira y enojo por parte de los funcionarios públicos.
Díaz reiteró que los procesos contra los profesionales de la pluma deben seguirse para ser exonerados de las acusaciones que se les imputan, y luego de esclarecidos los periodistas deben "reclamar" sus derechos democráticos.
El periodismo requiere de veracidad, por lo que el periodista necesita de su credibilidad y por ello no se debe poner en entredicho la labor que éstos realizan, agregó.
Dejó entrever que parte de este problema radica en la estructura jurídica panameña, que aseguró afecta a todo el Estado, ya que se han suscitado casos en que el acusador retira la denuncia y el sistema obliga a los funcionarios a continuar con las investigaciones.
Aseguró que el proceso democrático panameño ha quedado rezagado en el aspecto jurídico, ya que en muchas ocasiones es el andamiaje el que perjudica los debidos procesos y por ende el ejercicio de la libertad de expresión.
En algunas ocasiones no se está aplicando las leyes mordazas, sino el Código Penal, situación que se ha postergado, señaló Díaz.
Todo este tipo de situaciones, apuntó, deben erradicarse para ejercer el libre ejercicio periodístico.
Esta semana el Procurador de la Nación, José Antonio Sossa salió al paso de las acusaciones en el sentido de que el Ministerio Público persigue a los periodistas.
Sossa también se comprometió a revisar alrededor de 85 casos de profesionales del periodismo acusados de los delitos de calumnia e injuria.
En tanto, Díaz aseguró que el jefe del Ministerio Público debe brindarle todas las garantías a los periodistas y considerar todos los aspectos involucrados en el hecho.
Detalló que existen casos en que el periodista recibe una información de carácter oficial y de pronto es perseguido por el simple hecho de publicarla, sin que se investigue la procedencia del hecho.
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