En las últimas dos semanas el presidente Ricardo Martinelli ha vetado 10 proyectos de Ley, de los cuales siete han sido en forma total y tres parcialmente.
Esta inusual cantidad de objeciones a proyectos aprobados en la Asamblea, donde el Gobierno cuenta con la mayoría, ha dejado cuestionamientos con relación a la debida coordinación que debe existir entre ambos órganos del Estado.
La mayor parte de los vetos totales correspondieron a proyectos que creaban nuevos corregimientos.
El vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Rogelio Baruco, aceptó en su momento que había faltado coordinación con el Ejecutivo, antes de aprobar las nuevas demarcaciones.
Mientras, el vicepresidente de la Asamblea, Marcos González, manifestó que la decisión del mandatario, en estos casos específicos, se debió a limitaciones presupuestarias que llevaron a considerarlos inconvenientes en estos momentos.
“Quien propone una Ley de esta naturaleza debió haber elevado las consultas en primera instancia, antes de traerla a la Asamblea”, expresó.
Uno de los proponentes de estos proyectos fue el actual presidente de la Asamblea, Héctor Aparicio, quien evitó ser entrevistado por este medio, aduciendo compromisos previos.
Las nuevas divisiones sorprendieron incluso al propio ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien consideró que se estaba aumentando la burocracia estatal si se sancionaban.
Las otras objeciones han sido al proyecto que cambiaba el nombre de la cabecera de la comarca Guna Yala, El Porvenir, así como el de protección de los animales domésticos y el que amplía la cobertura de los intereses preferenciales para préstamos hipotecarios.
En el caso del proyecto de los animales, se catalogaron como faltas, algunas conductas que el Código Penal establece como delitos.
“Eso obviamente que debió prevenirse en la revisión de la respectiva comisión de la Asamblea”, reconoció el vocero presidencial, Luis Eduardo Camacho, quien es subsecretario general del Legislativo en licencia.
Con referencia al proyecto de intereses preferenciales, que fue presentado por el Gobierno, Camacho indicó que modificaciones realizadas por los diputados en la Comisión de Economía, trastocaron el espíritu de la norma, que adicional a otros detalles, propiciaron su veto parcial.
Pérdida.
El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Rogelio Paredes, destacó que el veto es una atribución del presidente y es una herramienta que se utiliza para mejorar los proyectos; sin embargo, debió existir mejor coordinación entre los presidentes de las comisiones y el Ejecutivo. “Siempre es tedioso regresar con un veto otra vez a primer debate, cuando es dinero y tiempo que se pierde”, indicó.
Por su parte, el panameñista José Luis Varela expresóque es evidente la descoordinación, al punto que los representantes del Gobierno no asisten a los debates, como ocurrió con los proyectos de soterramiento de cables y los que creaban los corregimientos.
“Hay falta de coordinación y consulta en muchas leyes, y los miembros del Ejecutivo no están participando en el debate”, dijo.
