Un funcionario panameño de rango ministerial, Pablo Thalassinos, suscribió una resolución que permitiría a empresas internacionales apropiarse, vender y exportar parte del millonario patrimonio histórico subacuático de este país, con dos costas de frontera.
El hecho trascendió poco después que el director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), el poeta José Franco, renunció a su cargo en medio de una inusitada presión conocida por medios periodísticos, pero que Franco no comenta junto con su renuncia, aduciendo ser un militante disciplinado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El silencio de Franco, así como el del nuevo director del Instituto Nacional de Cultura y compadre de Thalassinos, Jorge Delgado, quedó roto, sin embargo, tras una semana de intensas investigaciones que condujeron a la abrupta aparición de documentos de carácter oficial que comprometerían las riquezas arqueológicas nacionales en manos extranjeras.
Esos documentos confirman que, efectivamente, la empresa Tesoros del Istmo Inc., una sociedad anónima de papel, aparentemente relacionada con otras dos empresas, "Aurora S.A." y "Salvage S.A.", con "rostros simulados" que están usando un millón de dólares cada una en acciones al portador, se encontraba formando parte de una Comisión Ad Hoc, que trataba de legalizar la exploración, venta y exportación del patrimonio histórico subacuático de la República de Panamá.
El cruce de comunicaciones entre el renunciante director del INAC y el presidente Ernesto Pérez Balladares para impedir que através de una resolución violatoria de la Ley, se pusiera en riesgo la integridad del gobierno panameño, no pareció detener la operación.
Pérez Balladares reaccionó rápidamente bloqueándole el paso a los interesados en el negocio, quienes fueron denunciados por el director del INAC, José Franco, en los siguientes términos:
"Nuestro interés es que se permitan a compañías extranjeras realizar rescates de bienes arqueológicos subacuáticos; a las compañías se les daría como retribución por su inversión algunas piezas y bienes no declarados parte de nuestro patrimonio cultural. La decisión se tomaría luego de clasificar y estudiar todos los objetos recuperados".
"Luego de consultar a nivel de la Procuraduría de la Administración, se nos indicó que la única forma de proceder era mediante una reforma a la Ley 14 del 5 de mayo de 1982 que dicta las pautas para la administración y protección del patrimonio cultural".
"Indicaba la Procuraduría que si se dictaba un reglamento y con base en éste, el INAC otorgaba permisos de excavación, podría demandarse al Estado por proceder violando la ley; en cuyo caso tendría que declararse ilegal todo lo actuado".
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