El Ejecutivo confirmó ayer que llamará a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias a partir del 1 de agosto y advirtió que de no aprobarse el uso de B/.150 millones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) en la modernización de la Planta Potabilizadora de Chilibre, tendrá que otorgar concesiones administrativas al sector privado para garantizar el suministro de agua a los panameños.
El ministro de Salud, Fernando Gracia, reveló que el gobierno tiene un "plan B" y el mismo consiste en la "contratación, operación y transferencia" de la Planta Potabilizadora de Chilibre al sector privado. Mediante un comunicado se oficializó que el gobierno urge de B/.125 millones para la modernización de la Planta y B/.25 millones para la construcción de una línea paralela que vaya desde Chilibre hasta María Henríquez.
A pesar de que legisladores de oposición que integran el Pacto META reiteraron ayer que no aprobarán el uso de los dineros del FFD, el viceministro de la Presidencia, Aníbal Salas, insistió que las sesiones para tratar el tema serán convocadas hasta el 8 de agosto, tiempo en el cual se debe aprobar el proyecto de ley que sólo consta de tres artículos.
El Ejecutivo sostiene que se necesitan recursos para mejorar la infraestructura del IDAAN, corrigiendo defectos como fugas, conexiones ilegales, además de los problemas de medición y subfacturación. El ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, explicó que se trata de una inversión que hará el Estado en el IDAAN y cuyo capital puede ser recuperado en 15 años mediante la emisión de bonos, que aumentarán su producción en un 30% y que producirán unos B/.10 millones adicionales al año.
Por otra parte, rechazó las afirmaciones de las legisladoras Balbina Herrera, del PRD, y Teresita de Arias, del PDC, de que el Ministerio de Economía y Finanzas no les ha explicado aún cómo se usaron los B/.200 millones del FFD incluidos en el Presupuesto del Estado el año pasado.
Delgado explicó que ya el MEF le remitió a la Comisión de Presupuesto el informe explicando el desglose sobre la forma cómo se utilizó ese dinero en cada uno de los ministerios e instituciones. En tanto, Balbina Herrera, presidenta del PRD, sostuvo que este es un tema muy delicado y escabroso y que en este momento no hay consenso para aprobar el uso de recursos del FFD.
Herrera recordó que todavía el Ejecutivo tiene que rendir un informe sobre los dineros aprobados en el presupuesto del año pasado, pero aclaró que esa no es una condición para aprobar más fondos del FFD, porque son dos temas totalmente diferentes.
Por su parte, Teresita de Arias, primera vicepresidenta del Organo Legislativo, se mostró sorprendida con la convocatoria a sesiones extraordinarias, ya que el Ejecutivo no ha tenido la "diplomacia o cortesía política" de informarle a los legisladores que tenía intenciones de convocarlos a sesiones extraordinarias.
"Me extraña, porque el Gobierno sabe que no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y hace este llamado", señaló Arias, quien consideró que el Gobierno está improvisando, porque muchos legisladores están de viaje o atendiendo asuntos en sus circuitos, adicional a que actualmente se realizan trabajos físicos en el edificio del parlamento.
Estimó que estas sesiones extraordinarias son totalmente innecesarias a menos que haya problemas "tan graves que no sean de conocimiento para los legisladores y la opinión pública". Se calcula que cada legislador cobra B/.80 por sesión lo que implica gastos en dietas de B/.5,680 balboas por día, monto que se debe multiplicar por la cantidad de días que dure la convocatoria.
Arias señaló que es la primera vez que el Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias sin hacerle saber primero a la Asamblea Legislativa que tiene esa intención. Agregó que está de acuerdo con que se utilicen los dineros en inversiones que puedan traducirse en más generación de empleos y más oportunidades para la gente, y hasta ahora no se sabe cómo se utilizaron los fondos asignados el año pasado.
Por su parte, el legislador arnulfista, Julio César Castillo, consideró que el llamado a sesiones extraordinarias no es sorpresivo ni improvisado y aclaró que legisladores oficialistas se reunieron con el Ejecutivo la semana pasada con el fin de tratar el tema.
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