Procurador a favor de que se exija récord policivo

El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa y el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Rodolfo Aguilera, consideraron necesario reformar la ley que impide tener acceso al récord policivo de las personas, debido a que ello puede poner en peligro la seguridad de los ciudadanos honrados.
Sossa consideró que la ley en donde se restringe el acceso al historial policivo de una persona es "mala", debido que un ciudadano con deseos de contratar a una persona para que le cuide sus hijos tiene derecho a saber la clase de empleado contratado.
Alegó que no permitir tener acceso a la historial policivo de una persona condenado por delitos graves y que pueda ser contratado para realizar alguna actividad, sin duda pone riesgo la seguridad de quienes serán sus superiores y compañeros de trabajo.
También detalló que se requiere una reforma en esta legislación en donde se permita establecer una fórmula que permita analizar la información de personas con récord peligroso y en donde se requiere alertar a quienes se encuentren cerca de ellos.
Por su parte, el drector de la PTJ, Rodolfo Aguilera, también explicó que se requiere establecer un mecanismo apropiado para solucionar esta situación. Reveló que en el reciente caso de secuestro resuelto por los estamentos de seguridad del Estado, los padres de los menores pudieron estar alertados si hubiesen conocido que uno de sus empleados había sido investigado por delitos contra el patrimonio.
Aguilera detalló que es necesario establecer una coordinación con los diferentes organismos de seguridad y la sociedad civil para buscar un método en donde se permita acceder a información del historial policivo.
En enero de 2001 el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley mediante el cual se reguló la expedición del récord policivo y se prohibió que se exija este documento como requisito para solicitar un puesto de trabajo, tanto en el sector público como privado.
Quienes apoyaron la propuesta expusieron que la eliminación del récord policivo como requisito para la obtención de puesto de trabajo es una tendencia internacional, ya que se considera como violatorio a los derechos humanos del individuo porque el historial debe ser de manejo con carácter de reservado y confidencial.
En la Asamblea se aprobó que después de transcurridos cinco años, los registros por faltas cometidas pasarán a formar parte de un expediente confidencial o clasificado y no aparecerán en los documentos que se expidan ni en el ámbito informático. Antes la PTJ emitía más de 700,000 récord policivos al año.