Con motivo de numerosas quejas presentadas por falta de cumplimiento de los corregidores, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, solicitó a estos funcionarios cumplir con las órdenes de lanzamientos por intruso y desalojo, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la Ley y la Constitución les asigna. Lo contrario constituiría un acto de denegación de justicia e incumplimiento de sus deberes lo que podría acarrear responsabilidad penal.
El artículo 231 de la Constitución Política de la República de Panamá indica que "las autoridades municipales tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y Leyes de la República, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las resoluciones de los tribunales de la justicia ordinaria y administrativa".
Además, el Código Judicial en su artículo 1407, indica que "ejecutoriado el auto de lanzamiento el Juez del conocimiento lo comunicará inmediatamente al Jefe de Policía del distrito o al funcionario administrativo a quien corresponda ejecutarlo para que dentro de los tres días siguientes, cumpla la orden del Juez, haciendo uso de la fuerza si fuere necesario".
Según el artículo 1409 del Código Judicial, la figura del intruso u ocupante de hecho, se da cuando un bien inmueble es ocupado por una persona sin contrato de arrendamiento celebrado con el dueño, apoderado o su administrador.
Para que el lanzamiento o desalojo proceda, debe hacerse la petición ante el corregidor o el alcalde del lugar donde se encuentra el inmueble y para poder ejecutarla, si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, les corresponde a estas autoridades la obligación de que el lanzamiento se lleve a cabo inmediatamente.
Sobre este tema, la Procuraduría de la Administración expidió la Circular N°002/99 de 28 de junio de 1999 que da orientaciones claras sobre el tema de los lanzamientos y desahucios.
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