Procuradora pide investigar a diputado por narcotráfico

LOS TENTÁCULOS del narcotráfico al parecer ingresaron nuevamente a la Asamblea Nacional. Esta vez un diputado de la comarca Kuna Yala está siendo investigado por la Fiscalía Primera de Drogas al obtener entre 30 mil a 70 mil balboas, producto de la venta de una tonelada de cocaína en el sector de Achutupu, la cual fue robada a grupos irregulares colombianos por los indígenas del área.
El secretario de la Procuraduría General de la Nación, Rigoberto González, anunció la remisión del expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia, para que autorice y comisione al Ministerio Público a continuar en la investigación a raíz del hallazgo de una lancha que contenía una tonelada de droga, luego de quedar abandonada en esta área comarcal.
Una fuente confirmó al Panamá América que se trata del diputado Rogelio Alba, quien conocía las operaciones que se efectuaban. Alba negó en RPC Canal 4 haber recibido el dinero mencionado. Dijo desconocer el asunto, "no sé de dónde sacaron que conocía del ilícito". Tampoco sabía que la Corte tenía el caso.
González explicó que los lugareños distribuyeron la droga para su comercialización, entonces cuando comienza la investigación y se aprehende a los implicados, quienes mantenían el dinero enterrado, varios de éstos mencionaron en sus declaraciones a una persona que ostenta la condición de diputado de la Asamblea Nacional, lo que originó que se remitiera la solicitud a la Corte.
El hecho en sí indica que las personas que vendieron la droga le pidieron al diputado que les gestionara la compra de una casa en las áreas revertidas con el dinero obtenido producto de la droga vendida. El parlamentario recibió entre 30 mil a 70 mil balboas.
Aseguraron en sus declaraciones los indígenas que el diputado tenía conocimiento que el dinero era proveniente de la actividad del tráfico internacional de estupefacientes, sostuvo González.
Panamá América que estuvo en el área fronteriza de Puerto Obaldía, en el mes de junio, pudo conocer por fuentes policiales que a consecuencia de esta venta de la droga perteneciente a los narcoterroristas colombianos, se registraron una serie de amenazas a la población indígena de este lugar por parte de los grupos que reclaman la mercancía ilícita. En términos duros les señalaron que "los iban a recoger", al no poder encontrar la droga dejada en las costas, por lo que los indígenas se vieron en la obligación de llamar a las autoridades policiales para pedir protección.
El pasado 17 de junio, luego de una información obtenida por la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) del área de Puerto Obaldía se procedió a detención de varios indígenas.
El numeral 3 del artículo 206 de la Constitución Nacional establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes: investigar y procesar a los diputados. Para efectos de la investigación, el pleno de la Corte comisionará a un agente de instrucción.