La procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, sostiene que es importante que el servidor público que es investigado esté fuera del sistema, para evitar que se pueda contaminar la investigación.
"Es un criterio que yo seguiré sustentando en defensa de la administración pública y de la ética", subrayó.
Gómez respondió así a la admisión del amparo de garantías que permitió a la fiscal segunda superior, Geomara de Jones, regresar a su puesto, luego de permanecer suspendida en un proceso disciplinario en su contra.
Toribio Díaz hijo de las víctimas del accidente donde se vio involucrado Carlos Jones esposo de la fiscal, declaró que ha visto con perplejidad cómo la admisión del recurso reintegra en su cargo a la fiscal Jones.
"Nosotros hemos sido objeto de parte de la fiscal de una actitud anti ética, que de forma reiterada ha mantenido en este caso, lo que está lejos de lo que debe ser el comportamiento de una funcionaria pública, cuyo cargo e investidura exige", criticó Díaz.
En Panamá la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes constituye, un delito grave a partir de la promulgación de la Ley 16 de 31 de marzo de 2004.
El evento de ayer fue presidido por la Comisión Nacional de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), conjuntamente con OIT/IPEC y periodistas.
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