La procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher apoyó la decisión del director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Alejandro Moncada, de destituír a dos agentes de la entidad por presuntamente pedir dinero como coacción a una presunta sindicada por hurto.
De acuerdo con Montenegro de Fletcher, es válida la resolución 28 del 10 de junio de 1998, en la cual se destituyó a los agentes Luis Chávez Martínez y Luis Sandoval Ortega, quienes violaron los artículos 11 y 45 de la ley que crea la PTJ que prohibe a los empleados de la institución recibir dádivas y dineros.
Indicó que ambos exfuncionarios de la PTJ en San Miguelito, exigieron un cheque de B/.300.00 a Allen Brooks, empleada del bar Niño Beto, para que esta no fuera detenida y trasladada al Centro Femenino de Rehabilitación, por supuestos actos dolosos.
Según la procuradora, los despedidos amenazaron a Brooks y la coaccionaron, para responsabilizarla del mencionado delito, por lo que les entregó un cheque con la cantidad descrita y así evitó ir a la cárcel.
No obstante, Carlos Herrera Morán, representante legal de los destituídos indicó que el Juzgado Décimo Penal, decretó el sobreseimeinto definitivo de los agentes, por lo que presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia para que fueran restituídos a la PTJ.
"Nosotros esperamos y confiamos que la sala tercera de la Corte Suprema declare arbirtraria e ilegal la destitución de estos agentes que tienen muchos años de servicio en la PTJ y son excelentes funcionarios", dijo.
Sostuvo que de ser reintegrados a sus cargos los despedidos, la PTJ tendrá que pagarles los salarios caídos, lo que posiblemente se convierta en una suma de B/.20 mil aproximadamente a cada uno.
Indicó que posiblemente la audiencia se desarrolle en febrero, en la sala de los Contencioso Administrativo.
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