En un informe de 110 páginas, el procurador de la administración, Rigoberto González, instó al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a eliminar los tratos discriminatorios a parejas del mismo sexo, entre ellas la limitación de casarse entre sí.
La postura de González forma parte de un proceso que sigue la Corte a raíz de la petición de Enrique Jelenszkyi, quien pide se declare inconstitucional el artículo 26 del Código de la Familia, que establece que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer.
González considera que el artículo 26 del Código de la Familia no es inconstitucional en la medida en que se interprete que, así como un hombre y una mujer pueden voluntariamente contraer matrimonio, personas del mismo sexo también podrían hacerlo.
"Prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo no se adecua a la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, a la cual Panamá es firmante", manifestó González.
En la CSJ reposan dos demandas para permitir el matrimonio igualitario en Panamá, las cuales están en espera de que sean admitidas o no por el pleno de la Corte.
