Proponen reformas al fondo del seguro educativo
- Luis o. Guerra
- - Publicado: 06/10/2001 - 11:00 pm
El ex ministro de Educación, Pablo Thalassinos y el legislador Jerry Wilson, creador de la Ley 13 de 1987, rechazaron las críticas formuladas por la titular de Educación, Doris Rosas de Mata, en el sentido de que esa legislación ha permitido que se malgasten más de mil millones de balboas provenientes del fondo de matrícula, creado con dineros del seguro educativo.
No obstante, el jefe de Asesoría legal del Ministerio de Educación ( MINEDUC), Manuel Herrera, reveló que existen ocho directores de escuelas investigados por malos manejos del fondo de matrícula y que se destituyó a uno, cuyo expediente fue enviado al Ministerio Público.
Thalassinos y Wilson coincidieron en señalar que los beneficios de la Ley 13 son “extremadamente tangibles”, porque a través de esa legislación se ha instalado un sistema de informática en casi todas las escuelas secundarias oficiales, además de que se ha apoyado lo relacionado con el bienestar estudiantil y toda una estructura de soporte a la educación de miles de jóvenes.
“Lamentablemente tengo que decir que la ministra no conoce la ley y no conoce cómo se distribuye un fondo que es administrado por la institución que ella regenta”, declaró el legislador del PRD.
Según Thalassinos, los beneficios de la Ley 13 son claros y si el Ejecutivo quiere quitarles el fondo a los colegios secundarios, debe asumir la responsabilidad de mantenerlos y eso sería un retroceso en la descentralización de la educación.
A juicio del ex ministro, el uso adecuado del fondo educativo depende del esfuerzo que realicen las autoridades de turno para asesorar y supervisar a los directores para que sean “buenos gerentes”, sin que eso signifique la privatización del sistema educativo.
En tanto, Wilson reconoce que la administración del fondo no ha sido la más adecuada en algunos colegios, porque “se destina el dinero a cosas para las cuales no fue establecido en la ley, como la construcción de aulas, reparación de techo, pintura en los colegios o compras de mobiliarios.”
No obstante, el legislador manifestó que el “despilfarro” de algunos de esos dineros no se debe a deficiencias de la ley, sino al mal procedimiento administrativo del MINEDUC.
REFORMAS DEL EJECUTIVO
De acuerdo con el asesor del MINEDUC, Manuel Herrera, lo que busca esa institución es que el fondo de la Ley 13 se extienda a la educación básica general, que incluye la primaria y el primer ciclo.
Explicó que ello no implica un aumento del impuesto sobre seguro educativo, sino que lo que se recauda sea distribuido más ampliamente, tanto para las escuelas del nivel primario, como de secundaria.
En ese aspecto, el ex ministro Thalassinos advirtió que eso se puede hacer, pero habría que determinar a quién se le quita, ya que los ingresos del seguro educativo se distribuyen por porcentajes entre el MINEDUC, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).
CONTROLES
A pesar de las irregularidades, el MINEDUC es de la idea de que no se requieren más controles de los que existen para supervisar el manejo de los fondos. Actualmente ese control lo ejerce la oficina de auditoría de la institución y de la Contraloría, según Herrera.
Señaló que, generalmente, los directores incurren en faltas administrativas, más que en apropiación indebida de dineros.
Sin embargo, manifestó que todos los casos se investigan y en los que se detecte apropiación de fondos, el expediente es remitido al Ministerio Público para que determine las sanciones penales.
Herrera explicó que el MINEDUC aplica sanciones administrativas y en ese sentido ya destituyó a un director de una escuela secundaria, involucrado en presunta apropiación de dinero.
Igual opinión que Herrera tiene Thalassinos, quien dijo que los controles existentes son necesarios y abogó por una mejor selección de directores que conozcan de administración.
Thalassinos confirmó que durante su administración, no hubo quejas por malos manejos de los fondos.
EN QUE SE PUEDEN UTILIZAR LOS FONDOS
De acuerdo con el MINEDUC, los dineros provenientes del fondo de matrícula deben ser utilizados únicamente para el bienestar estudiantil y reparaciones menores de escuelas.
Es prohibido utilizar dineros de ese fondo para realizar construcciones mayores en los centros escolares.
De común acuerdo con la Contraloría General de la República, se ha permitido que los directores adquieran laboratorios de lenguas y otros mobiliarios, utilizando el fondo de matrícula.
WILSON PROPONE CAMBIOS
No obstante, Jerry Wilson manifestó que presentará un proyecto de ley para mejorar la Ley 13, en tres aspectos fundamentales.
La principal reforma que propone Wilson es que dos tercios del fondo de matrícula sean destinados a las escuelas de educación básica general, y un tercio a las escuelas secundarias o de segundo ciclo.
Wilson explicó que cuando creó la Ley 13, nunca se dijo que a las escuelas primarias no había que darles fondos, pero eso fue lo que interpretó el MINEDUC en su momento.
El otro elemento que propone modificar el legislador, es que se mejore la administración del fondo para que no recaiga en el director del colegio toda la responsabilidad de la administración.
Indicó que sugiere la participación de los padres de familia, los educadores y del director de la escuela para que entre ellos administren el fondo.
Manifestó que otra reforma va dirigida a que se ponga límite a la cantidad de dinero utilizada para infraestructura, con el propósito de evitar que el dinero se utilice en otras cosas que no tienen relación con la educación de los estudiantes.
Explicó que su propuesta no conlleva ningún aumento al porcentaje de seguro educativo que pagan los trabajadores, porque la cantidad que se asigna es suficiente. Lo que se requiere es ser más eficientes en la administración del fondo, agregó.
PROPONEN AUMENTO
El legislador arnulfista, Francisco Reyes, presentó un proyecto de ley que aumenta al 40% los ingresos para el MINEDUC, provenientes del seguro educativo.
Reyes no explica si su propuesta persigue un aumento del aporte que hacen los empleadores y trabajadores al seguro educativo.
La propuesta de Reyes mantiene los porcentajes que el fondo asigna del seguro educativo para el INAFORP, IPACOOP, MITRADEL e IFARHU.
NO SE CUMPLE LEGISLACION
La Ley 13, en su artículo 4, prohibió el cobro de matrículas, gastos de laboratorios y cualquier otro, en las escuelas oficiales de todo el país.
No obstante, esta disposición no incluye las cuotas de las asociaciones de padres de familia ni de los seguros de accidentes, las cuales podrán cobrarse de acuerdo con los reglamentos vigentes sobre esta materia.
El legislador Wilson advirtió que la disposición que prohíbe el cobro de matrículas no se cumple, por lo que en su nueva propuesta va a reiterar que se haga cumplir el artículo 4 de la Ley 13 de 1987.
“Las matrículas están eliminadas, pero se sigue cobrando a los estudiantes por cuotas, ferias y otros rubros que van afectando la economía del padre de familia”, denunció.
DIRIGENTES APOYAN CAMBIOS
El secretario de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, José García, reconoce que los efectos de los beneficios de la Ley 13 no se han visto en el sector educación, principalmente en la educación básica general.
Indicó que los efectos de la ley son tangibles en las escuelas de educación secundaria, pero no así en las primarias.
El dirigente advirtió que es necesario establecer controles para un mejor manejo del fondo y a la vez, hacerlo extensivo hacia las escuelas primarias.
En tanto, Luis López, secretario general de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA), también apoya reformas que establezcan controles más efectivos en el uso del fondo.
Precisó que un control debe ser que los directores de planteles presenten proyectos de inversión reales y que se cree una comisión supervisora, en la que participe el MINEDUC, los padres de familia, los educadores y la empresa privada.
López, además, propone que todo proyecto que se realice con dineros del fondo debe ser sometido a licitación pública.
No obstante, el jefe de Asesoría legal del Ministerio de Educación ( MINEDUC), Manuel Herrera, reveló que existen ocho directores de escuelas investigados por malos manejos del fondo de matrícula y que se destituyó a uno, cuyo expediente fue enviado al Ministerio Público.
Thalassinos y Wilson coincidieron en señalar que los beneficios de la Ley 13 son “extremadamente tangibles”, porque a través de esa legislación se ha instalado un sistema de informática en casi todas las escuelas secundarias oficiales, además de que se ha apoyado lo relacionado con el bienestar estudiantil y toda una estructura de soporte a la educación de miles de jóvenes.
“Lamentablemente tengo que decir que la ministra no conoce la ley y no conoce cómo se distribuye un fondo que es administrado por la institución que ella regenta”, declaró el legislador del PRD.
Según Thalassinos, los beneficios de la Ley 13 son claros y si el Ejecutivo quiere quitarles el fondo a los colegios secundarios, debe asumir la responsabilidad de mantenerlos y eso sería un retroceso en la descentralización de la educación.
A juicio del ex ministro, el uso adecuado del fondo educativo depende del esfuerzo que realicen las autoridades de turno para asesorar y supervisar a los directores para que sean “buenos gerentes”, sin que eso signifique la privatización del sistema educativo.
En tanto, Wilson reconoce que la administración del fondo no ha sido la más adecuada en algunos colegios, porque “se destina el dinero a cosas para las cuales no fue establecido en la ley, como la construcción de aulas, reparación de techo, pintura en los colegios o compras de mobiliarios.”
No obstante, el legislador manifestó que el “despilfarro” de algunos de esos dineros no se debe a deficiencias de la ley, sino al mal procedimiento administrativo del MINEDUC.
REFORMAS DEL EJECUTIVO
De acuerdo con el asesor del MINEDUC, Manuel Herrera, lo que busca esa institución es que el fondo de la Ley 13 se extienda a la educación básica general, que incluye la primaria y el primer ciclo.
Explicó que ello no implica un aumento del impuesto sobre seguro educativo, sino que lo que se recauda sea distribuido más ampliamente, tanto para las escuelas del nivel primario, como de secundaria.
En ese aspecto, el ex ministro Thalassinos advirtió que eso se puede hacer, pero habría que determinar a quién se le quita, ya que los ingresos del seguro educativo se distribuyen por porcentajes entre el MINEDUC, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).
CONTROLES
A pesar de las irregularidades, el MINEDUC es de la idea de que no se requieren más controles de los que existen para supervisar el manejo de los fondos. Actualmente ese control lo ejerce la oficina de auditoría de la institución y de la Contraloría, según Herrera.
Señaló que, generalmente, los directores incurren en faltas administrativas, más que en apropiación indebida de dineros.
Sin embargo, manifestó que todos los casos se investigan y en los que se detecte apropiación de fondos, el expediente es remitido al Ministerio Público para que determine las sanciones penales.
Herrera explicó que el MINEDUC aplica sanciones administrativas y en ese sentido ya destituyó a un director de una escuela secundaria, involucrado en presunta apropiación de dinero.
Igual opinión que Herrera tiene Thalassinos, quien dijo que los controles existentes son necesarios y abogó por una mejor selección de directores que conozcan de administración.
Thalassinos confirmó que durante su administración, no hubo quejas por malos manejos de los fondos.
EN QUE SE PUEDEN UTILIZAR LOS FONDOS
De acuerdo con el MINEDUC, los dineros provenientes del fondo de matrícula deben ser utilizados únicamente para el bienestar estudiantil y reparaciones menores de escuelas.
Es prohibido utilizar dineros de ese fondo para realizar construcciones mayores en los centros escolares.
De común acuerdo con la Contraloría General de la República, se ha permitido que los directores adquieran laboratorios de lenguas y otros mobiliarios, utilizando el fondo de matrícula.
WILSON PROPONE CAMBIOS
No obstante, Jerry Wilson manifestó que presentará un proyecto de ley para mejorar la Ley 13, en tres aspectos fundamentales.
La principal reforma que propone Wilson es que dos tercios del fondo de matrícula sean destinados a las escuelas de educación básica general, y un tercio a las escuelas secundarias o de segundo ciclo.
Wilson explicó que cuando creó la Ley 13, nunca se dijo que a las escuelas primarias no había que darles fondos, pero eso fue lo que interpretó el MINEDUC en su momento.
El otro elemento que propone modificar el legislador, es que se mejore la administración del fondo para que no recaiga en el director del colegio toda la responsabilidad de la administración.
Indicó que sugiere la participación de los padres de familia, los educadores y del director de la escuela para que entre ellos administren el fondo.
Manifestó que otra reforma va dirigida a que se ponga límite a la cantidad de dinero utilizada para infraestructura, con el propósito de evitar que el dinero se utilice en otras cosas que no tienen relación con la educación de los estudiantes.
Explicó que su propuesta no conlleva ningún aumento al porcentaje de seguro educativo que pagan los trabajadores, porque la cantidad que se asigna es suficiente. Lo que se requiere es ser más eficientes en la administración del fondo, agregó.
PROPONEN AUMENTO
El legislador arnulfista, Francisco Reyes, presentó un proyecto de ley que aumenta al 40% los ingresos para el MINEDUC, provenientes del seguro educativo.
Reyes no explica si su propuesta persigue un aumento del aporte que hacen los empleadores y trabajadores al seguro educativo.
La propuesta de Reyes mantiene los porcentajes que el fondo asigna del seguro educativo para el INAFORP, IPACOOP, MITRADEL e IFARHU.
NO SE CUMPLE LEGISLACION
La Ley 13, en su artículo 4, prohibió el cobro de matrículas, gastos de laboratorios y cualquier otro, en las escuelas oficiales de todo el país.
No obstante, esta disposición no incluye las cuotas de las asociaciones de padres de familia ni de los seguros de accidentes, las cuales podrán cobrarse de acuerdo con los reglamentos vigentes sobre esta materia.
El legislador Wilson advirtió que la disposición que prohíbe el cobro de matrículas no se cumple, por lo que en su nueva propuesta va a reiterar que se haga cumplir el artículo 4 de la Ley 13 de 1987.
“Las matrículas están eliminadas, pero se sigue cobrando a los estudiantes por cuotas, ferias y otros rubros que van afectando la economía del padre de familia”, denunció.
DIRIGENTES APOYAN CAMBIOS
El secretario de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, José García, reconoce que los efectos de los beneficios de la Ley 13 no se han visto en el sector educación, principalmente en la educación básica general.
Indicó que los efectos de la ley son tangibles en las escuelas de educación secundaria, pero no así en las primarias.
El dirigente advirtió que es necesario establecer controles para un mejor manejo del fondo y a la vez, hacerlo extensivo hacia las escuelas primarias.
En tanto, Luis López, secretario general de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA), también apoya reformas que establezcan controles más efectivos en el uso del fondo.
Precisó que un control debe ser que los directores de planteles presenten proyectos de inversión reales y que se cree una comisión supervisora, en la que participe el MINEDUC, los padres de familia, los educadores y la empresa privada.
López, además, propone que todo proyecto que se realice con dineros del fondo debe ser sometido a licitación pública.
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