Los legisladores opositores Alfredo Arias y Lenín Sucre coincidieron ayer en que la propuesta para prohibir a empresas periodísticas controlar servicios de radio y televisión y viceversa, es un abierto ataque contra la actividad empresarial y coarta la libertad de expresión.
Arias, legislador por el Partido Arnulfista, aseguró que esta propuesta ha provocado un caos en un documento que había sido objeto de consulta entre todas las partes interesadas.
Precisó que la iniciativa parlamentaria del legislador perredista Edgardo Alvarez tiene la intención directa de perjudicar a los medios impresos que han mostrado interés en adquirir el canal 8 del Comando Sur.
Por su parte, Sucre aseguró que el hecho de que un dueño de periódico tenga acceso a una emisora o televisora a la vez, no debe interpretarse como el inicio de un monopolio o un atentado contra la libertad empresarial en Panamá.
El proyecto de Ley No.86 establece las normas legales que regirán el otorgamiento de concesiones y la operación técnica de las estaciones de radio y televisión, así como otras materias que competen al Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Asimismo, establece el régimen a que se sujetarán los servicios públicos de radio y televisión dentro de la República de Panamá con el objeto de promover y proteger la inversión privada en el sector, mejorar la calidad de cada uno de esos servicios y la competencia leal y libre entre los concesionarios.
Dicha iniciativa legislativa encuentra su fundamento constitucional en el numeral 13 del artículo 153 de la Carta Magna, el cual dispone que organizar los servicios públicos establecidos en la Constitución es una de las funciones de la Asamblea.