Propuestas para reglamentar uso de partidas circuitales finaliza mañana

Los jefes de las distintas bancadas de la Asamblea Legislativa tienen plazo hasta este jueves para presentar cualquier propuesta para la reglamentación del uso de las partidas circuitales, informó ayer el legislador Laurentino Cortizo, presidente de este órgano del Estado.
Cortizo dijo que el documento para la reglamentación de las partidas circuitales será firmado el 30 de noviembre y entrará en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año.
El legislador informó que inicialmente se pretende establecer un acuerdo entre las diferentes bancadas legislativas que tendrá vigencia hasta la fecha en que concluya su administración, pero se espera aprobar una ley para que quede de manera permanente para los períodos subsiguientes.
Lo acordado entre los legisladores, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Contraloría de la República, será firmado en un acto público en el cual cada una de estas instituciones se compromete a respetar lo establecido.
El cambio del nombre será una de las primeras modificaciones a introducir, ya que las partidas circuitales se denominarían Programas de Desarrollo Social.
Según un borrador de esta reglamentación que circula entre los legisladores, funcionarios de la Contraloría y el MEF, se dispone que estas partidas deben ser destinadas y ejecutadas en el circuito electoral que representa el legislador, pero hasta un 20% del total puede utilizarse en la provincia o en el resto del territorio nacional.
En el borrador se establece que sólo los entes públicos serán depositarios directos de los fondos destinados a estos programas, para que una Organización No Gubernamental (ONG) pueda administrar estos proyectos, debe certificar que el legislador o sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad no forman parte de la junta directiva de esta entidad.
Se dispone que en ningún caso el legislador o su personal podrá encargarse de las cotizaciones, ni tendrá injerencia en la designación del contratista final de un proyecto.
El mismo documento establece que los organismos depositarios, administradores y ejecutivos de estos proyectos serán auditados y fiscalizados por la Contraloría General de la República.
Se establece también que los legisladores presentarán a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a más tardar el 31 de marzo de cada año, un informe de la ejecución de sus proyectos, correspondientes al año inmediatamente anterior.
El MEF se compromete por su parte a hacer desembolsos de los fondos para los proyectos de desarrollo social de manera simultánea e igualitaria.