Geneva González, jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (MINSA), manifiesta que este proyecto de ley no está escrito en piedra, por lo que asegura que de ser necesario se harán cambios.
Durante su exposición ante la subcomisión de Salud Pública y Seguridad Social de la Asamblea Nacional González expuso el proyecto de ley No. 442, “que establece los derechos en materia de sexualidad, promueve la educación, información y atención de salud sexual y reproductiva”.
González, explica que algunos artículos han causado malestar en ciertos sectores, pero resalta que la ley será productiva para los adolescentes, aunque el impacto se verá dentro de cinco o seis años.
De igual forma González señala que la Ministra de Salud Rosario Turner, ha sido clara en mencionar que no es de interés alguno producir una ley que lesione la patria potestad y eso está claro en la Constitución Nacional y muchos menos promover el libertinaje sexual en los adolescentes, como se ha escuchado por parte de algunos dirigentes de agrupaciones.
Exhortó, que la población antes de hacer algún tipo de comentario deben conocer el proyecto de ley No.442, que comprende 33 artículos, ya que en ningún momento se detalla que se quiera provocar la esterilización en niñas menores de diez años, tal como se ha aseverado en algunos momentos por parte de los detractores del proyecto.
En relación al tema el diputado Antonino Rodríguez, presidente de la Sub-Comisión de Salud Pública y Seguridad Social sobre Consultas al Proyecto de Ley 442 manifesta que los artículos más polémicos en este periodo han sido el género, la patria potestad, los anticonceptivos y la esterilización permanente.
Rodríguez señala finalmente que unas 282 agrupaciones y personas tienen previsto presentar sus aportes al proyecto de Salud Sexual y Reproductiva ante dicha Sub-Comisión, para que luego sea expuesto ante la propia Comisión de Salud Pública del Parlamento Panameño.
Durante el día de hoy unas 20 personas y agrupaciones se dieron cita al periodo de consultas del proyecto, que involucró a miembros de la sociedad civil, iglesias, gremios de abogados e independientes.
