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La decisión del Gabinete no es más que un acto apresurado en el cual no se le dio la oportunidad a la Corte Suprema de Justicia, quien es la verdadera salvaguarda de la Constitución Nacional. Con esto se ha creado una crisis institucional donde se ha violado no sólo la Constitución Nacional, sino que se ha interferido en el Organo Judicial.
El Organo Ejecutivo ya tomó una decisión basada en un pronunciamiento de quien debe asesorar al Órgano Ejecutivo en materia de justicia y asuntos jurídicos que es la Procuradoría de la Administración, por lo que el Consejo de Gabinete tomó una decisión con base a derecho.
Consideramos que el Consejo de Gabinete se está ateniendo a lo que establece la ley. Creemos que nadie está por encima de la ley, la cual está para hacerse cumplir. A mi manera de ver la ley es clara, es lamentable que cuando se haya formulado esta norma no se haya hecho la excepción de los funcionarios que son designados por un periodo fijo.
Hay una ley y el magistrado César Pereira Burgos ya llegó a esa edad de 75 años. Ya se hizo una consulta a la Procuradoría de la Administración y se dijo que la ley es aplicable a todos, excepto a los de elección popular. La ley debe cumplirse.
Uno de los grandes problemas en Panamá es que nosotros hacemos las leyes para violarlas. Ya es hora que comencemos a respetar las leyes.
La decisión adoptada responde más a intereses de carácter político que a un caso estrictamente jurídico.
Vemos que las leyes son aplicadas de acuerdo con los intereses particulares. El caso Pereira Burgos es un problema eminentemente político y lo que está en juego es el espacio político, porque quien controla la Corte, controla el país.
Cuando fue nombrado se debió tomar en cuenta la Ley Faúndes y poner en duda su nombramiento, pues todos sabían qué edad tenía el magistrado y a qué edad se aceptaba su nombramiento. Deben dejarlo en el puesto porque cuando lo nombraron esto se debió prever y ya es demasiado tarde.
La aplicabilidad de la Ley Faúndes fue declarada constitucional, por consiguiente debemos regirnos por ella. El magistrado César Pereira Burgos debe acogerse al retiro. La designación de Esmeralda de Troitiño es buena, pues es una profesional que ha hecho un gran trabajo.
Pienso que esta es una decisión política, ya que él no está de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobierno. La norma que le aplicaron es legal porque está aprobada, sin embargo es inconstitucional porque las personas tienen derecho a trabajar independientemente que hayan cumplido cierta edad. El magistrado Pereira Burgos tiene derecho a seguir ejerciendo sus funciones, siempre y cuando tenga la coherencia y la capacidad.
Como futuro profesional del derecho considero que lo que han hecho las autoridades es un exabrupto y no coincide en nada con lo que establecen los parámetros legales y la Constitución, sino a una línea política partidista. Me ha decepcionado el señor Martín Torrijos, a pesar de ser PRD, su posición es decepcionante para todo profesional del derecho.
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