Hay un déficit en cuanto a la contratación de defensores de oficio que brindan el servicio de asistencia legal a los ciudadanos de vulnerabilidad social y económica, reconoció el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona.
El magistrado que inauguró recientemente la XI Jornada de Defensores Públicos, evento que se extendió por tres días, destacó que el déficit se debe a la insuficiencia presupuestaria del Organo de Justicia, situación que esperan superar el próximo año con la nueva partida asignada.
"Creo que con el ejercicio presupuestario del año que viene vamos a lograr establecer las plazas adicionales que se necesitan y gradualmente ir atendiendo el tema para que el Instituto de Defensoría de Oficio pueda brindar un servicio de calidad como merece el país", declaró.
Aunque dijo desconocer el número exacto de defensores de oficio que hay en el país, Arjona manifestó que actividades como la que se desarrolló esta semana permitirán conocer eventualmente cuál es el número ideal de personas que requiere la instancia, para luego hacer las previsiones presupuestarias correspondientes.
"Hay áreas como toda la creación de nuevas jurisdicciones en el tema de la responsabilidad penal para los adolescentes, que van a exigir la presencia de defensores públicos, por lo que estamos en la etapa de la apertura de los concursos para que esas posiciones sean ocupadas por las personas más idóneas", expuso.
A inicios de esta semana, dijo, sólo en San Miguelito se habían detectado 11 mil casos de diarrea y a finales de la misma los casos se incrementaron a 14 mil.
Para el analista Luis Vicente León, la solución a la crisis sólo tiene una salida cívico-militar, como el golpe de abril, o la negociación de un adelanto de elecciones, que, en su opinión, buscaría el gobierno para evitar el colapso del sector petrolero, pero que no necesariamente cumpliría.
En este clima de agudización del conflicto, el capitán de corbeta del estado de Bolívar (sur), Miguel Yilales Arteaga, se sumó este domingo a la "desobediencia" en que se mantienen un centenar de militares en la Plaza Altamira (este), declarada "territorio liberado" por 14 altos oficiales el 22 de octubre.
Sin embargo, sectores de la Iglesia y la comunidad internacional insistían este domingo en sus llamados a la calma y a la búsqueda de una salida electoral que se pacte en la mesa de negociaciones.
"La base de todo es la conversación y el diálogo entre las partes. Tenemos todavía esperanzas de que esas mesas de diálogo resulten para hallar una salida pacífica y sobre todo rápida porque el país no aguanta más este escenario de violencia", manifestó el cardenal Ignacio Velasco, tras oficiar una misa en la iglesia La Chiquinquirá, en el norte de Caracas.
Esta séptima jornada de paro se vive también como un segundo día de luto, con los funerales de las tres víctimas de un tiroteo contra una concentración opositora la noche del viernes en la Plaza Altamira, enclavada en un exclusivo sector de Caracas.
Ondeando banderas venezolanas, de las que colgaban listones negros, miles de antichavistas acudieron en romería a un cementerio del sureste de Caracas, en lo que se convirtió en una manifestación de los opositores para exigir la renuncia del presidente.
Fustigando a sus opositores por responsabilizarlo de los hechos del viernes, Chávez en su programa radial les recordó, no obstante, que no dará marcha atrás en su postura de que, en cumplimiento de la Constitución, sólo podría aceptar un referendo revocatorio de su mandato, cuando cumpla la mitad de su periodo, en agosto de 2003.
