Con la ausencia del magistrado separado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, se realiza hoy una nueva audiencia de control en la Asamblea de Diputados, por el proceso que se le sigue por corrupción.
Una jueza de garantía, la diputada opositora Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo a los periodistas que Moncada Luna y su abogado y primo, Gonzalo Moncada Luna, fueron citados.
La presidenta de la subcomisión parlamentaria que investiga al magistrado, Katleen Levy, del oficialista Partido Panameñista, fijo la audiencia a partir de las 08.00 hora local (13.00 GMT).
Rodríguez explicó que la audiencia fue solicitada por el fiscal del caso, el diputado Pedro Miguel González, del PRD, quien a principios de diciembre pidió una prórroga de dos meses en la investigación que por supuesta corrupción le sigue el órgano Legislativo al magistrado separado.
González confirmó anoche a Acan-Efe que ya fue notificado de la audiencia.
El diputado fiscal explicó que se trata de "una audiencia de control posterior de algunas medidas que hemos adoptado como aprehensión de nuevas cuentas y vehículos".
"También para obtener autorización previa para práctica de peritajes", precisó González.
Gonzalo Moncada, abogado de su primo y magistrado suspendido, admitió anoche que había sido notificado "a menos de 24 horas" para la celebración de la audiencia y que contra Alejandro Moncada hay una orden de conducción para esta audiencia que debe ejecutar la policía.
Rodríguez y Levy, por su parte, conforman junto a la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, la subcomisión de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), que el pasado 20 de noviembre determinaron separar provisionalmente del cargo a Moncada y confinarlo a su casa.
El expresidente de la CSJ fue imputado por la subcomisión parlamentaria de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.
Además, se le prohibió la salida del país, la obligación de mantenerse en su domicilio, y ratificó la "aprehensión provisional" de dos apartamentos, uno de los cuales es la residencia del magistrado, valorado en más de 1,7 millones de dólares.
Al término de los dos meses de prórroga solicitados por el diputado fiscal González, la subcomisión parlamentaria determinará si las pruebas presentadas son válidas y suficientes para remitirlas a la comisión legislativa de Credenciales que decidiría si el caso va a juicio del pleno y que éste decida sobre su culpabilidad o no.
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