El juzgado undécimo decidió rebajar la sanción aplicada a Nicolás Valdés, Gloria Edith Hernández, Rufino Villar y Robinson Alonso Gutiérrez, quienes fueron declarados culpables por la sustracción de B/.32,000 propiedad de la directora administrativa de la Presidencia, Dalvis Xiomara Sánchez.
En esta investigación conocida como el caso de los "durodólares" el tribunal dispuso inicialmente aplicar una multa de B/.3,240 a todos los implicados, pero en una apelación presentada por el abogado Aldo Ayala se dispuso reducir este monto de forma sustancial.
Trascendió que en la resolución emitida por el tribunal se dispuso aplicar una multa de B/.420 a Valdés, B/.135 para Gloria Hernández y B/.382 para Villar y Gutiérrez. No obstante, mantuvo la suspensión para el ejercicio de funciones públicas.
Durante el proceso el abogado defensor Aldo Ayala solicitó al juzgado undécimo que declarara la nulidad del proceso y se investigara la procedencia del dinero sustraído de la residencia de la funcionaria.
Ayala sostuvo que incluso existieron señalamientos dentro de las sumarias, donde se establece que en ocasiones anteriores varios empleados de la residencia había sustraído fuertes sumas de dinero y que nadie había extrañado ese faltante.
También detalló que en las pesquisas la propia afectada nunca pudo establecer con exactitud la cantidad exacta de dinero sustraída de su residencia y argumentó que había ahorrado los B/.32,000 recobrados por las autoridades.
La jueza María Luisa de Laneado concedió un sobresimiento provisional a favor de Aristides Méndez Barrera, Eustaquia Pérez y Armando Valle, tras considerar que en su contra no existían evidencias sobre su participación en la sustracción del dinero.
Dijo que Dolega, situado a unos kilómetros del distrito de Boquete, sería uno de los más afectados, por el nacimiento de la mayoría de los ríos dentro del Parque Internacional Volcán Barú y el Parque Internacional La Amistad, que permiten el abastecimiento del vital liquido inclusive a otras áreas de la provincia.
Apuntó que los miembros de este consejo así como de Boquete y David, están dispuestos a participar públicamente de las acciones pacíficas que se organicen para rechazar la medida.
Por su parte, Edmundo Rodríguez, presidente del consejo municipal de Boquete, explicó que se ha querido hacer ver que su población está de acuerdo con el proyecto, lo que es totalmente falso.
Indicó que las personas comunes que viven en el área, aunque no participan de las actividades de protesta, no están a favor, pues reconocen que esto traería muchos problemas para la región.
Manifestó que a lo interno del consejo se va a considerar emitir una resolución para plasmar de manera formal la posición de este distrito, igualmente como ya lo hizo el distrito de Dolega, que ha formalizado su rechazo.
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