La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia rechazó una petición de asistencia judicial realizada por la fiscalía de Gran Bretaña, para que se investigue a cinco ciudadanos ingleses presuntamente vinculados con la quiebra fraudulenta de empresas, cuyos fondos habrían sido desviados a cuentas y empresas panameñas.
El fiscal inglés Gerry Wareham remitió a la Sala Cuarta una petición para que se investigue a los ciudadanos Jhon David Coleman, Joane Scott Coleman, Anthony David Phillips, Gordon Raph Stewart y Peter Papanikitas a quienes se vincula con la quiebra fraudulenta de una serie de empresas.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el fiscal Wareham los implicados participaron en la quiebra de varias empresas y parte del dinero fue desviado hacia dos empresas en Panamá y algunas cuentas en donde se depositaron más de 200,000 euros.
No obstante, la Sala Cuarta desestimó las pretensiones de la fiscalía británica, bajo el argumento que las diligencias no podrían ser realizadas, debido a que sería necesario tener acceso a los libros contables de las empresas, pero esta diligencia sólo puede ser efectuada a través de un juzgado tras la recepción de una denuncia.
También se establece que este tipo de delitos se investiga de forma oficiosa sin son cometidos dentro del territorio nacional, tras la presentación de una denuncia por las personas afectadas por la quiebra fraudulenta.
En este caso las dos empresas señaladas dentro de la investigación deberían hacer públicos sus libros de ingresos y su movimiento comercial, que sólo se autoriza a través de una acción exhibitoria que debe ser autorizada por un juzgado civil, previo a la presentación de una serie de condiciones por parte del denunciante.
Hasta ahora no se ha establecido si las personas investigadas mantienen residencia permanente en territorio panameño o se dedican a actividades comerciales.
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