El artículo que introdujo la Asamblea Legislativa al proyecto de ley que pretende regular la prestación del servicio de radio y televisión a través del cual se prohíbe a empresas periodísticas controlar esta actividad, fue severamente criticado ayer por los directores de los principales diarios, quienes lo calificaron como "limitante y anticonstitucional".
James Aparicio, director de La Estrella de Panamá, aseguró que en otros países, como México, existen consejos editoriales que mantienen diarios, plantas televisivas y estaciones de radio.
Destacó que esta ley discrimina a los medios escritos, porque en la actualidad existen televisoras que poseen más de una frecuencia de televisión, de radio, telecomunicación por cable, e incluso de teléfono.
Recomendó a la Asamblea Legislativa que evalúe a profundidad el nuevo artículo, el cual aseguró es inconstitucional y atenta contra la libertad empresarial y de prensa, por lo que será necesario presentar un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Carlos González De La Lastra, director de El Universal, coincidió en que este artículo mantiene un trasfondo inconstitucional, porque establecerá una limitante a quien intente establecer o incursionar en otro campo del medio informativo.
Destacó que los medios de comunicación mantienen un abanico muy amplio, por lo que "no sería extraño" que algún medio incurra en la compra de una frecuencia.
González De La Lastra restó importancia al argumento de que este artículo busca que los medios monopolicen la información, al sostener que esto es antiético.
"Es difícil pensar que esta ley haya sido presentada, gestada y aprobada con matiz político", dijo González De La Lastra.
Entre tanto, Winston Robles, director de La Prensa, coincidió también con la posición de sus homólogos, pero destacó que el aspecto inconstitucional de la ley radica en que este artículo fue presentado en segundo debate, por lo que carece de una discusión previa por parte del pleno legislativo.
Por ello, advirtió que su aprobación debe cumplir con el requisito de aprobación de los tres debates, de lo contrario representaría un atentado a la libre empresa.
Por otro lado, el director del Ente Regulador de los Servicios Públicos, José Guanti, negó que este proyecto de ley busque beneficiar a alguna persona en particular y sostuvo que la última palabra la tendrá la Asamblea.
Según Guanti, esta medida busca que los dueños de medios puedan invertir en otros negocios, pero sin llegar al extremo de controlar en forma real la información. Comparó este proyecto con las leyes que están vigentes en Estados Unidos y que reducen a 5% el área de cobertura del medio impreso y de la frecuencia que desea obtener, mientras que en Panamá se plantea un 50%.
Mientras que el promotor del polémico artículo, el legislador perredista Edgardo Alvarez, aseguró que su iniciativa dicho es el producto de conversaciones con el Ente Regulador y los legisladores de gobierno y busca evitar que los medios radiales y televisivos sean víctimas de un control directo o indirecto por parte la prensa escrita.
Alvarez negó que este artículo haya sido introducido a solicitud del presidente Ernesto Pérez Balladares con la finalidad de impedir que medios impresos opuestos al actual régimen y que están interesados en una empresa radial o televisiva, tengan acceso a la misma.
"Lo que queremos es que estas actividades estén por separados y evitar que los medios impresos de comunicación logren obtener medios radiales y televisivos.
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