Antes que el actual gobierno decidiera finalizar las funciones de la CV, se investigaron sepulturas de personas desaparecidas y asesinadas en territorio costarricense durante el régimen militar.
En el cementerio de San Vito de Jaba, frontera con Río Sereno en Chiriquí, fueron encontrados los restos de Ernesto Castillo Cubilla, un agricultor chiricano panameñista asesinado en 1972 en el país vecino por la Guardia Nacional panameña.
Se destaca también la muerte de Alfredo Aguilar Fonseca, costarricense quien participó en la lucha armada en Chiriquí y desapareció en 1971. Sus restos estarían enterrados en el sector de El Cabrito.
Los miembros de la CV sostienen que en Costa Rica se encuentra sepultado el uruguayo Walter Sardiñas Iguini, líder guerrillero abatido a tiros en este país en 1970.
Estos casos, como el de otros panameños asesinados, ocurrieron después del golpe militar de 1968. Los panameñistas ofrecieron resistencia al nuevo régimen en el sector de Piedra Candela.
Muchos de los combatientes panameños huyeron hacia Costa Rica, donde fueron perseguidos y apresados por la seguridad de ambos países.
Con estos hallazgos se abrieron las puertas a una investigación judicial que permitirá esclarecer los hechos en ambas naciones.
El camino quedó abierto para que la CV estableciera que en el caso de las víctimas aún no encontradas, se pudieran cotejar las pruebas de ADN aplicadas a los restos hallados, para determinar la identidad.
Según el presidente de la CV, Alberto Almanza, la procuradora general Ana Matilde Gómez ha señalado que no hay una partida económica para agilizar el cotejo de las pruebas de ADN con los restos encontrados en el sector de Motor Pool, en el antiguo cuartel de Los Pumas, en Tocumen, o los hallados en el antiguo penal de Coiba.
Aun no existe confianza en las investigaciones.
Almanza aseguró que en conversación con la procuradora Gómez, ésta dijo que no permitirá que los casos se archiven. Además, creará una figura que trabaje con el Tribunal Superior de Justicia en torno a los casos ocurridos durante la dictadura militar.
Almanza recordó que el ex procurador José Antonio Sossa y los fiscales del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí denegaron justicia. "Todos tenían una línea, las tiraba el procurador Sossa, y era aplicar la prescripción", sostuvo.
"Este problema sigue, porque hay fiscales que están vigentes con la misma mentalidad", aseguró el presidente de la CV.
Por su parte, Ricardo Morales, familiar de Luis Antonio Quiróz Morales, un ex cabo de la Guardia Nacional desaparecido en 1969 en el Cuartel de David, Chiriquí, considera que por más de 30 años la Comisión de la Verdad ha sido la única institución que ha iniciado una investigación de los casos y logró que se estableciera la no prescripción de algunos.
Aseguró que en los meses que lleva el gobierno del presidente Martín Torrijos no se ha visto ningún tipo de pasos positivos para alcanzar la consecución de la justicia que están solicitando los familiares.
Un equipo integrado por familiares de los desaparecidos estará sentando el próximo 2 de marzo en una mesa de negociación con representantes del Estado panameño, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA con sede en Washington. Analizarán la demanda de una reparación por los crímenes cometidos.
El Estado panameño tendría que aceptar su responsabilidad por los crímenes, desapariciones forzadas, torturas y persecuciones sistemáticas practicadas durante la dictadura militar (1968-1989).
La CV le solicitó a la jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, la exhumación de 12 restos ubicados en el cementerio El Marañón de Coiba. Hay evidentes signos de tortura y fueron identificados con pruebas de ADN.
La CV fue establecida con el propósito de esclarecer la verdad de las acciones cometidas a partir de 1968 durante el régimen militar.
