Datos
- Norma
- La Ley 22, de Contrataciones Públicas, se creó con objeto de establecer las reglas y los principios básicos de obligatoria observancia que regirán los contratos públicos que realice el Gobierno central, las entidades autónomas y semiautónomas, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51%) o más de sus acciones o patrimonio.
- Costo
- El costo de los trabajos de identificación de los restos, que realizarán los antropólogos argentinos es de 55,100 dólares.
- Inicio
- En junio de 2010 se inició el diálogo entre el Gobierno y los familiares de los desaparecidos, y el 30 de diciembre de 2011 se creó la mesa de entendimiento.
Los 60 restos de desaparecidos en la época de la dictadura militar permanecerán en anonimato más tiempo de lo esperado, por ajustes en las contrataciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes ayudarán en su identificación.
El jefe de la unidad de análisis molecular de la subdirección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Diomedes Trejos, señaló que “hubo un error”, ya que este tipo de consultoría caía en un tema especial: ya existía colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Trejos resaltó que nunca debió haberse hecho un contrato de consultoría basado en la Ley 22 de Contratación, porque tiene una serie de requisitos que se establecen para otro tipo de convenios, que no son de tipo humanitario.
“Para eso hay otras medidas de contratación”, señaló Trejos.
“Estamos a la espera de la toma de posesión del nuevo gobierno para ver cómo le damos continuidad y cómo se proyectan las cosas ahora”, indicó Maritza Maestre, vocera del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (Cofadepa-HG).
Maestre, en tono muy preocupado, cuestionó si en este país, “no quieren saber la verdad”.
La mesa de entendimiento espera que con el nuevo gobierno el tema de los desaparecidos vuelva avanzar y se lleve de manera más expedita.
Sin embargo, Trejos opina que “esperar el cambio de gobierno es una hipótesis”, ya que las autoridades están allí y aún pueden hacer algo.
“Ya tenemos más de 6 meses de estar con esto de la venida de los antropólogos y no hay manera de que se pueda desbloquear esa partida”, dijo Maestre, haciendo referencia a los fondos que corresponden al pago del equipo argentino.
Según Trejos, ha pasado todo este tiempo para darse cuenta de que en realidad debió haberse aplicado otro tipo de contrato.
Ahora, la Cancillería está tratando de que la Contraloría reconozca que ese contrato que hizo debió haberse hecho en colaboración con la Cruz Roja y debe de exonerarse de todo tipo de burocracia.
La Cancillería está a la espera de que la Contraloría emita un contexto favorable y se puedan liberar los fondos para que venga la EEAF a hacer los trabajos, detalló el criminólogo.
La primera fecha de llegada de los mismos fue prevista para del 11 al 17 de marzo, pero fue pospuesta por cambio en los números de cuenta del Estado.
La segunda fecha se estableció entre el 6 y 11 de abril, pero el equipo indicó que no tenía espacio agendado.
En varias ocasiones se ha hecho el intento para que se cumpla con el contrato, sin embargo, por cuestiones propias contenidas en la Ley 22, existen algunos puntos que siempre hacen que el proceso se detenga, indicó Trejos. Agregó que puede suceder que el equipo de expertos argentinos pierda el interés por el caso debido a la demora.
