La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica recibió de sus observadores en todo el país un reporte que contiene 58 delitos o faltas electorales que se registraron en las pasadas elecciones y entre las cuales figuran el uso de recursos del Estado para favorecer a determinados candidatos.
Entre los delitos que Justicia y Paz le pedirá a la Fiscalía Electoral que investigue, sobresalen la supuesta utilización de vehículos del Estado para transportar votantes y el cambio "injustificado" de residencias o de empadronamiento en un lugar distinto al de su residencia.
Otras de las irregularidades denunciadas a Justicia y Paz son: la compra de votos en distintas modalidades, una persona a la cual presuntamente se le permitió votar con su licencia de conducir en vez de su cédula y otras que acompañaron a un votante, sin justificación aparente, y que le marcaron las casillas.
Los observadores reportaron que en "muchas mesas" el proceso de votación inició tarde por la falta de material y equipo, también debido a que los funcionarios electorales no estaban debidamente identificados y a que los representantes de los partidos políticos no tenían sus credenciales.
Igualmente, Justicia y Paz recibió denuncias de que las boletas de votación no estaban debidamente firmadas o que no correspondían al lugar en que se realizaba la elección, que la tinta indeleble se removía con facilidad y que las papeletas restantes no fueron quemadas después de los comicios.
El informe proviene de los observadores de Justicia y Paz en todo el país y de los reportes hechos por los coordinadores de las diferentes Diócesis a nivel nacional.
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