Como un "irrespeto y humillación" al trabajo de la Policía Nacional, calificó la Red Democrática Ciudadana y Transparencia Internacional, la creación de nuevos estamentos de seguridad por el Organo Ejecutivo.
Consideran que el presidente Martín Torrijos está "ignorando" la labor de los policías al no entregarles remuneraciones adecuadas ni "respetarles sus derechos laborales".
Son del criterio de que la intención de crear y reformar los estamentos de seguridad no es para proteger a la ciudadanía, sino al presidente cuando salga de su puesto.
El mandatario no sólo contará con doce escoltas del Servicio de Protección Institucional (SPI), sino que podrá aumentar esta cantidad "dependiendo del núcleo familiar o cuando las circunstancias lo aconsejen", según señala el decreto.
El dirigente civilista, Mauro Zúñiga, dijo que es un secreto a voces la necesidad que enfrenta la Policía que carece de equipo, presupuesto y personal para combatir la criminalidad.
"Las autoridades no quieren mejorar la seguridad, sino retornar a las tácticas militares con el nuevo dictador que tiene Panamá, ahora bajo el título de ministro de Gobierno", sentenció.
Por su lado, Angélica Maytín, de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, dijo que están "vulnerando no sólo las garantías y derechos fundamentales, sino también la dignidad de los policías".
Lamentó que los policías no puedan brindar en la mayoría de los casos un buen servicio, porque los autos no tienen gasolina, están falta de equipo y no les pagan los celulares para comunicarse con sus compañeros.
Dudas.
Estos dirigentes temen que se esté "echando a un lado" a los policías para darles poder a los que formarán parte del servicio de Frontera que manejará su propio presupuesto con equipos nuevos o adquiridos de la carente entidad policial.
Coinciden en que muchos de los efectivos deciden darse de baja en busca de mejores opciones económicas, debido a que su situación en la Policía es crítica.
Defensa.
Mientras el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado, indicó que las críticas tienen "matices políticos", debido a que no se enfocan en que el Gobierno quiere combatir la criminalidad de las calles.
"Los estamentos de seguridad no están relacionados con el espionaje político, debido a que lo han prohibido en el Servicio de Inteligencia", reiteró.
El 1 de septiembre llegarán los decretos a la Asamblea Nacional, para que los diputados decidan si analizan su contenido o dejan su texto intacto.
