Reformas al sistema penal, una respuesta humanitaria

POR MÁS SENCILLO que resulte plantearlo, reformar el sistema penitenciario panameño no es tarea fácil. No obstante, la iniciativa no deja de ser una salida urgente al hacinamiento en que conviven más de 11, 000 reclusos y la falta de una política para los "post liberados".
Más que un giro en la forma de impartir justicia, la reforma es un asunto de humanidad. Así lo cree Javier Justiniani, presidente de la Fundación de Apoyo al Detenido.
"Después que una persona sale de la cárcel, nadie le da seguimiento, la entidad que lo aprehendió la deja a su libre albedrío", asegura.
Para Justiniani, un ex recluso, hay una razón para que el Estado se ocupe de quienes salen de las cárceles: muchos "retroceden" ante la espera de ser reinsertados en la sociedad. "Hay muchos amigos que yo he ayudado mientras se logran acomodar, pero finalmente han regresado (a cometer delitos)", agrega.
De hecho, la Ley 55 de julio de 2003, que reorganiza el sistema penal, contiene una política para los post liberados. Es ahí, donde el Estado debe destinar mayores esfuerzos, estima Justiniani.
La propuesta de la Fundación de Apoyo al Detenido, para "sectorizar" el sistema penitenciario comenzó a ser difundida; sin embargo, a juicio de su promotor, Justiniani no es algo nuevo, sino de poner en práctica lo estipulado por la legislación panameña.
La Fundación de apoyo al detenido lo plantea en términos sencillos. Si, por ejemplo, el Ministerio Público que mantiene unas 4,000 personas detenidas en este momento asume la responsabilidad de mantenerlas, "cuando vea que el presupuesto se le dispara automáticamente, van a entender que no se puede mantener a tanta gente presa".
Liberarlos, pese a haber cometido delitos no es precisamente la solución, Justiniani sugiere que a algunos podrían aplicarles medidas alternas como casa por cárcel, reclusión en un hospital, de ser el caso; o bien, la prohibición de abandonar el país, con responsabilidad de notificarse ante las autoridades en determinados períodos.
"Los fiscales, en algunos casos, suelen ser muy arbitrarios", asegura Justiniani, quien argumenta que la primera opción para muchos de estos funcionarios en enviar inmediatamente a prisión.
¿El resultado? Cerca de 11,000 personas (reos) resentidas, con problemas de hacinamiento, mora judicial y falta de programas de resocialización.
Casi de forma utópica, el representante de la citada fundación, asegura que la "sectorización" del sistema judicial traería "menos delincuencia, disminución de reincidencia criminal y una nueva sociedad".
Más que un proyecto imposible de "reconstrucción social", Justiniani refirió en entrevista con este medio, algunos modelos carcelarios que han funcionado en otros países y que bien podrían imitarse en Panamá.
"El sistema español es muy bueno, pero nos gusta el de Estados Unidos, donde el interno tiene un número de identificación", consideró.
El sistema penal norteamericano, prohíbe introducir bienes necesarios a las prisiones, el centro todo lo provee. De lograrse en Panamá, el número de identificación serviría para adelantar trámites judiciales y administrar hasta una cuenta de bancos; las familias no tendrían que hacerle un supermercado cada cierto tiempo razona Justiniani.
Concretamente, sugiere privatizar algunos de los sistemas de producción y crear zonas procesadoras, donde los recluidos produzcan, combatiendo la ociosidad. Actualmente, de unos 11,000 presos con que cuenta el sistema penitenciario, solo unos 6, 000 participan en proyectos.
Un detenido podría "levantarse de mañana, producir y generar ingresos", asegura el gestor de la propuesta, quien agrega que el aprender un oficio en prisión, también podría garantizarle el sustento cuando sea liberado.
Para comprender la propuesta, es imprescindible conocer cómo funcionan las cárceles privadas. Con este método, la empresa está obligada a mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios para convertirlas, por ejemplo, en pequeñas fábricas.
Como en toda empresa, las reglas del juego cambiarían y habría la obligación de garantizar condiciones a los empleados, en este caso detenidos. Los empresarios se beneficiarían de los bajos costos en mano de obra.
De lo descrito, Panamá ha probado algunos beneficios. Justiniani admite que la Dirección del Sistema Penitenciario, tiene contrato con empresas, en lo referente a costura y que muchos artículos de venta en los "malls", proceden de las cárceles nacionales.
No obstante, también estima que en Panamá "estamos atrasados". La tardía aprobación de la Ley 55, es muestra de ello.
Las reglas mínimas que deben regir un sistema carcelario, fueron aprobadas por el Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo de 1977; de ahí pasaron 35 años para que Panamá adoptara su legislación, en el 2003.
Según la ONU y la norma adoptada en Panamá, debe existir separación entre los detenidos. Los investigados y los condenados, no deben compartir espacio; "es el principio elemental de la ley", asegura Justiniani.
Justiniani recuerda que el primer punto en la propuesta de "Patria Nueva" fue modernizar la legislación penitenciaria. En una reunión con el presidente Martín Torrijos, éste le comunicó que se necesitarían unos B/. 60 millones para hacerlo y que habría que "sacarlos" de Educación, Salud y carreteras.
A juicio de Justiniani, el dinero donado por la Comunidad Europea bien podría ser usado para este fin; ya que asegura supera los B/. 300,000 millones.