Regañan al jefe de la PTJ por caso de pinchazos

El procurador José Antonio Sossa pidió explicaciones al director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Rodolfo Aguilera, sobre su proceder en las investigaciones en torno a la presunta falsificación de una orden de la Ministra de la Presidencia para que se espiaran 117 teléfonos.
Sossa envió a Aguilera la nota DPG-108-2002 el pasado 20 de noviembre, en la que le informa que observó con "sorpresa" sus declaraciones en las que sugirió decisiones en aspectos de competencia de la agencia de instrucción que adelanta las sumarias en averiguación, sin ninguna consulta con su despacho.
En el caso de la presunta falsificación de un memorándum con la firma de la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, que ordenaba el citado espionaje, se menciona como principal sospechoso al presidente del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro.
Según Sossa, el proceder de Aguilera riñe directamente con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la PTJ y el artículo 2079 del Código Judicial, que en la actualidad se encuentran vigentes.
"No dudo que usted tiene conocimiento de estas disposiciones y lo que su actuación implica con respecto al respeto debido a la autoridad que represento, particularmente por estar dirigiendo directamente la investigación en cuestión", aseguró.
Además, Sossa señala que por resultarle inexplicable el proceder de Aguilera, le solicita una explicación al respecto y con la autoridad que le asigna la ley, para dirigir y controlar la PTJ, le instruye que en lo sucesivo se abstenga de dar declaraciones, sin su consentimiento, sobre investigaciones que se adelantan.
Esta medida del procurador involucra también al subdirector de la PTJ y a cualquier otro funcionario en representación de la institución. Agrega que como lo disponen las normas legales antes citadas, el incumplimiento de esta instrucción de carácter administrativo será considerada igualmente grave.
Aguilera declaró la semana pasada que "todos" los indicios de modo, tiempo y lugar apuntaban a que Montenegro había sido la persona que envió a los medios de comunicación social el fax con el supuesto memorándum falso de la ministra Young.
Estas declaraciones de Aguilera fueron criticadas por Montenegro y algunos juristas que la consideraron como una condena anticipada, pese a que las investigaciones todavía no han terminado.