La Dirección del Registro Público ordenó la ejecución de auditorías en todas sus dependencias en el territorio nacional, para determinar la existencia de presuntas irregularidades en el cobro de liquidaciones, de las cuales se ha encontrado un faltante de B/.11,000.
De acuerdo con una fuente de esa entidad, las auditorías han sido ordenadas luego de haberse detectado la alteración de recibos en concepto de cobro por diversas transacciones, el resultado de las cuales no eran depositado en las arcas de la institución.
Según la fuente, varios de estos casos de alteración de recibos fueron remitidos a la Policía Técnica Judicial (PTJ), y a la fecha se han destituido a dos personas por estas irregularidades, que constituyen acciones delictivas.
El Registro Público remitió una denuncia el 11 de enero y otra el 5 de octubre en donde se presentaron una serie de "slips", en donde se cobraba una cifra por los trámites muy superior a la realmente establecida por esa institución.
Además existen otras denuncias relacionadas con la inscripción fraudulenta de fincas y propiedades, en la que se encuentran involucrados funcionarios del Registro Público, incluso de la provincia de Colón.
A raíz de la detección de las inscripciones fraudulentas, se ordenó una rotación de todo el personal asignado a esas secciones y la aplicación de nuevos controles a lo interno del Registro Público, para evitar la comisión de estos ilícitos.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
