Las empresas distribuidoras ya “no podrán comprar” energía directamente con las generadoras, ahora lo harán a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), propiedad del Estado.
Lo anterior fue aprobado en Consejo de Gabinete y se establecerá a través de un proyecto de ley que modificará el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad que data de 1997.
Un comunicado de la Presidencia de la República señala que con esta medida, se podrá “asegurar” el precio de compra de energía que “convenga más al usuario”.
Mientras que la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) advirtió a los usuarios que no deben pagar lo que se conoce como el “mes reclamado”, cuando haya reclamos por inconformidades en la facturación.
El citado pago solo se deberá hacer cuando sea resuelto el caso y agregó que las distribuidoras no tendrán ninguna "justificación" para cortar el servicio al cliente.
Esta medida fue anunciada por el administrador de la ASEP, Dennis Moreno, quien advirtió que una vez dictada una resolución por parte de la prestadora, el cliente podrá apelar ante esa entidad, manteniendo el derecho a no pagar el mes corriente reclamado.
La ASEP también suspendió el cobro por demanda, que actualmente es aplicado a los clientes residenciales, con lo cual asegura debe haber un “ahorro considerable”.
Asimismo, se informó que las auditorías que desarrolla la ASEP buscan determinar “si se está aplicando correctamente el subsidio (estatal) a los clientes”.
Estas auditorías serán complementadas con estudios de empresas extranjeras para la revisión de la lectura y facturación.
Moreno indicó que se ordenó a las empresas contratar el 100% de su demanda, como lo solicitó el Ejecutivo y como dispone la ley. "Nos estamos apegando estrictamente a lo legal para ejecutar todas estas acciones”, dijo.
Por su lado, el ministro de Comercio e Industria, Roberto Henríquez, dijo que alrededor de B/ 700 millones de más pudieron haber cobrado las empresas de generación y distribución por “extorsiones y especulaciones” con la energía eléctrica.
Ante esta situación, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, consideró que el Gobierno debe "exigir" una rendición de cuentas a las empresas generadoras para que la población conozca los márgenes de ganancias que han obtenido del servicio energético.
El ministro Henríquez indicó que hubo una "complicidad, un contubernio" de los anteriores Gobiernos, mientras la población "seguía sufriendo".
Manifestó que no se puede perder de vista que el Gobierno es accionista del 49% de estas empresas, que si bien "castigaban al consumidor", por el otro lado recibía dividendos de las ganancias.
El Ministro lamentó que "la plata que nos sacaron de los bolsillos” no pueda ser recuperada por los clientes.
