El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho de Libertad de Opinión y Expresión, mediante un comunicado de prensa manifestó su preocupación por la condena a prisión e inhabilitación de un año del ejercicio del periodismo a Sabrina Bacal y Justino González por los delitos de calumnia e injuria, que en una primera instancia habían sido absuelto.
Este pronunciamiento judicial representa un mal precedente para los esfuerzos que se realizan para despenalizar este tipo de hechos, especialmente en casos como el presente en donde el hecho que originó la sanción se relaciona con informar sobre actuaciones de funcionarios públicos, detalla la nota.
El Relator Especial reiteró su posición sobre la importancia del derecho de los ciudadanos a estar informados sobre las actividades de los funcionarios públicos, y además señaló que "las previsiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados frecuentemente limitan o restringen la libertad de expresión arbitrariamente, incluso recurriendo a leyes penales o acciones civiles, a fin de silenciar el disenso o la crítica".
Finalmente el Relator Especial, recuerda al Estado tomar en cuenta los instrumentos internacionales relacionados con el ejercicio de este derecho y particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
