El abogado Silvio Guerra solicitó al procurador José Antonio Sossa que inicie una investigación penal contra el alcalde Navarro; la corregidora de Alcalde Díaz, Vanesa Sánchez; el mayor Demóstenes Batista y el director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, Juan García, por la demolición de la residencia de la señora Cáceres, ubicada en Villa Grecia.
Guerra explicó que la corregidora Sánchez y el mayor Demóstenes Batista ordenaron la demolición de la casa con equipo pesado, a pesar de la existencia de un fallo del Juzgado Séptimo Civil que otorgaba a Ulpiana Cáceres el derecho posesorio de la finca en donde se encontraba la residencia.
Reveló que durante la acción de desalojo se le planteó a la corregidora la existencia de un proceso civil, del cual admitió tener conocimiento, pero ella advirtió que sólo seguía órdenes de la Alcaldía y luego en conversación telefónica con el asesor legal Juan García, éste le señaló que debía ejecutarse la demolición.
Alegó que igual respuesta recibió de Ricardo Laviery, asesor directo del alcalde Navarro, aunque éste consideró la posibilidad de postergar el desalojo y buscar otras soluciones al conflicto.
Detalló que en un avalúo realizado a la residencia destruida se determinó que ésta tenía un valor de B/.32,000 y que los funcionarios responsables de su demolición deberán responder por las acciones realizadas al margen de la ley, pues existía un fallo de un juzgado en donde se concedían los terrenos en litigio a la persona que los había ocupado por los últimos 15 años. El dolor y la tristeza de Ulpiana Cáceres, hija de la señora Liberata Vda. de Cáceres, cuya residencia fue demolida de forma salvaje e inhumana se acentúa más cuando recuerda que las primeras amenazas de desalojo del lugar causaron la muerte de su padre, Teódulo Cáceres, hace dos años.
"Mi madre se llama Liberata viuda porque mi papá murió allí (Villa Grecia) defendiendo esas tierras. Con el primer desalojo que se dio se le subió la presión, se le llevó al hospital y no salió más. Eso fue en el año 2000", declaró Ulpiana durante su comparecencia en la tarde de ayer a la Procuraduría General de la Nación, donde los abogados de esta familia presentaron una denuncia penal contra los responsables de la destrucción de su vivienda.
Visiblemente consternada y acompañada de su hija Ivonne Palacios y sus nietas Astrid Padilla, de seis años y Ulpiana Palacios, de tres, Ulpiana Cáceres pidió justicia para ellos porque cada bloque con el que fueron construyendo desde hace 27 años esa vivienda lo adquirieron con mucho sacrificio.
"Le pido a la Presidenta de la República y a todas aquellas personas que tengan que ver con este caso que estén pendientes y que nos ayuden a solucionar el problema", dijo, al indicar que no estaba conforme con la destitución de la corregidora Vanessa Sánchez, que fue la que dirigió la demolición.
Según Ulpiana, la destituida corregidora Sánchez fue "mandada y el que tiene mucha culpa se llama Juan García (director de Legal y Justicia del Municipio de Panamá)".
Relató que García personalmente le dijo que "mientras él estuviera ahí en el puesto, nosotros no comeríamos, no nos meteríamos un pan en la boca".
Agregó que el pasado 9 de agosto cumplieron 27 años de vivir allí, y que el litigio municipal de intención de desalojo había comenzado hace cuatro años.
Tras la destrucción de la casa con una retroexcavadora, los afectados hicieron un pequeño rancho donde están viviendo en precarias condiciones.
Las imágenes de la demolición de la vivienda y la forma violenta como fue desalojada la señora Liberata, de 79 años de edad, que prácticamente está paralítica, causaron conmoción en la ciudadanía. En tanto, el alcalde Navarro anunció que destituyó a la corregidora encargada de Alcalde Díaz y amonestó al director de Legal y Justicia, Juan García, por la responsabilidad en ambos hechos, pues condenó enérgicamente la forma inhumana como fue desalojada la familia Cáceres y aclaró que desde 1996 la ex alcaldesa Mayín Correa había emitido la orden de demolición.
Indicó que la corregidora actuó en estricto derecho, pero fue sumamente inhumana la forma como se procedió a la destrucción de la vivienda.
Añadió que hará cumplir la ley, sin embargo con "atención, comprensión y compasión por el dolor humano".
El alcalde se comprometió a que actos como éste no se vuelvan a repetir mientras él se encuentre al frente de la comuna capitalina y giró instrucciones a través del director de Legal y Justicia para que los corregidores sean más cuidadosos a la hora de hacer cumplir las órdenes.
