Dos reportajes publicados ayer y hoy miércoles en Panamá América, revelan que la Sociedad Anónima panameña Agafia Corp., acordó el cobro del 10 por ciento de los tres contratos en concepto de “promoción comercial”, que suman $ 33 millones, con tres filiales del gigante Finmeccanica.
Rodríguez manifestó a panamaamerica.com.pa, que unas de las críticas del presidente Ricardo Martinelli al gobierno pasado, fue precisamente el problema del control previo de la Contraloría General de la República a todas las contrataciones de acuerdo a las cuantías, algo que esta administración ha eliminado con el pretexto de que existe burocracia, para tener el control de contrataciones, licitaciones, lo que genera un "enorme negociado".
Agregó que cuando la Contraloría no tiene control sobre los gastos del Gobierno, entonces se pierde la secuencia del presupuesto y la garantía de que los fondos del Estado sean bien utilizados.
"Por el hecho que Panamá afronta problemas de seguridad, se justifican los malos manejos de las inversiones", expresó.
Además, explicó que una contratación millonaria debe tener los controles previos y posteriores que contempla la ley, además de ser transparente rigiéndose por las normas establecidas, y no debe existir excepciones.
Según Rodríguez, un contrato por esa suma millonaria debe ser de carácter público y discutido con la Nación, porque los ciudadanos somos dueños de los fondos que se utilizan para obras del Estado.
Hay que fiscalizar
Por su parte, el dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Genaro López, indicó que este tipo de actos confirma lo que han denunciado.
Considera que el Ministerio Público debe investigar este caso y dar a conocer si alguien incurrió en un delito para aplicarle las sanciones correspondientes.
Agregó que las instituciones que tienen que fiscalizar que los procesos se realicen con transparencia, no están cumpliendo con el papel que les corresponde.
A juicio de López, la Asamblea Nacional le debe pedir una explicación al Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y pedirle la renuncia a todos los involucrados en este escándalo.
