La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa decidirá la próxima semana si devuelve a primer debate el proyecto que crea la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y Casación Laboral en la Corte Suprema de Justicia, luego de que integrantes del Foro Cívico elevaran ayer esta solicitud al pleno al término de una marcha.
La petición del Foro la hizo un grupo representativo que logró reunirse con miembros de la directiva de la Asamblea, mientras varios cientos de manifestantes esperaban afuera del recinto legislativo, luego de llegar al lugar en una marcha que partió desde el Parque Porras bajo una fuerte lluvia.
Los manifestantes, entre los cuales figuraban obreros, abogados, educadores, estudiantes y grupos cívicos, corearon consignas durante la marcha y portaron pancartas en contra de la Sala Quinta, los legisladores y el presidente Ernesto Pérez Balladares.
El vicepresidente de la Asamblea, Laurentino Cortizo, afirmó a los representantes del Foro que existen muchas posibilidades de que el proyecto regrese a la Comisión de Gobierno para buscar un consenso.
El pleno accedió a conceder cortesía de sala únicamente a dos de los miembros del Foro: al presidente del Colegio de Abogados, César Guevara, y al secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción, Genaro López, quienes abogaron porque el proyecto sea más consultado.
Durante su intervención ante el pleno, Guevara, dijo que el proyecto "algo oculta" al ser presentado con tanto secretismo y sin consultar si quiera con los abogados.
Destacó que el documento pecó de sorpresivo y que el mismo no es garante de que en Panamá se vaya a disminuir la mora judicial, al tiempo que indicó que, "la justicia de este país no es potestad de este gobierno, ni del que viene, sino de todos los panameños por igual".
En tanto, Genaro López advirtió que el Ejecutivo pretende atropellar a la clase obrera presentando un "mamotreto" de proyecto que burla a la clase trabajadora para resolver sus problemas judiciales.
Señaló que en 1972 por decreto ejecutivo se creó a partir del 1 de enero de 1974 la Corte de Casación Laboral con sede en Panamá y jurisdicción en todo el territorio nacional, sin embargo, nunca se desarrolló.
No obstante se preguntó por qué después de ignorar esa ley hoy se presenta la Sala Quinta que no se justifica como una aspiración de los obreros.
Resaltó que la respuesta es que el proyecto de la Sala Quinta intenta disfrazadamente reformar el Código de Trabajo en la medida en que establece que la Corte de Casación Laboral estará compuesta por tres magistrados nombrados por el Organo Ejecutivo.
