Un proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Ministerio de Salud (MINSA) el cobro de tasas por los servicios que presta, sobre todo, a la empresa privada, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el ministro de Salud, Fernando Gracia.
Según la propuesta, el MINSA estará autorizado para establecer y cobrar tasas por servicios de salud tales como certificaciones, licencias, exámenes, permisos sanitarios, análisis de laboratorio, inspecciones, vigilancia veterinaria, cuarentena, inspección sanitaria, destrucción de productos no aptos para el consumo, vacunación y otros.
El ministro explicó que muchos de estos servicios los presta desde hace mucho tiempo el Ministerio de Salud e igual cobra por ellos, pero es una materia que no está establecida en ninguna ley.
Lo que se quiere a través de esta propuesta es legalizar estos cobros y evitar que en el futuro alguien señale que se les cobra por un servicio que no está reglamentado o fijado por ley.
Según el proyecto de ley, las tasas serán fijadas de acuerdo al costo del servicio y deberán ajustarse a las variaciones del índice de precios al consumidor, las cuales serán publicadas en la Gaceta Oficial.
El mismo proyecto dispone que estos servicios podrán ser proporcionados de manera gratuita a las personas de escasos recursos económicos.
Dijo que esto no quiere decir que se pretende cobrar a las personas de escasos recursos que van al Hospital Santo Tomás o cualquier otra instalación médica del MINSA.
En el caso que el uso de este dinero se haya dado en el marco de lo que establecen las leyes entonces no hay nada que cuestionar.
Mientras tanto, el ex director de Ingresos, Rolando Mirones, sostuvo que el término discrecional no significa "que voy a hacer lo que quiera con ese dinero, y que nadie debe saber en qué fue utilizado".
La mayoría de los panameños desconocen en qué los presidentes utilizan estos millones de dólares, acotó. Lo cierto es que el presidente de la República debe tener la responsabilidad suficiente para poner como administrador de esos fondos a una persona que sepa distinguir entre lo correcto y lo perjudicial, explicó.
Añadió que por ley, el Ministerio de la Presidencia es el encargado de administrar esta partida, pero un funcionario en específico las fiscaliza dentro de esa institución.
Precisó que en el caso del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, este funcionario era Rómulo Abad, quien fungía como secretario privado y que actualmente sigue laborando con el ex mandatario en sus oficinas.
Rolando Mirones añadió que el tabú en torno al tema de la partida discrecional surge porque ésta no tiene un control previo, sino posterior a su utilización.
El problema es que quien se encarga de fiscalizar el uso de estas partidas es nada más y nada menos que el Contralor de la República y quien "es colocado en el cargo por el Presidente", agregó.
Para Mirones, es en este proceso de fiscalización que se pude evadir algún tipo de responsabilidad, es decir, introducir gastos que no tienen correlación con la actividad presidencial. "Esto significa que se puede utilizar el dinero para actos que no son avalados por la ley", acotó.
"Este control posterior debe realizarse del modo más analítico posible, en base a facturas y otros antecedentes que permitan establecer que el dinero no fue utilizado irresponsablemente", añadió.
Este fondo sale de las personas que pagan todos sus impuestos, quienes necesitan una respuesta de cómo se utiliza el dinero que se les cobra anualmente, expresó Mirones.
Esta partida le da cierta capacidad de respuesta a un presidente de la República para atender situaciones de urgencia e imprevistos, apoyando a las comunidades de manera inmediata, explicó a El Panamá América, René Luciani, ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
René Luciani comparte la opinión de que, cualquier partida asignada en el Presupuesto General del Estado debe ser objeto de examen por parte de la Contraloría General, hay que ser más transparentes porque la sociedad tiene que estar informada del uso de estos dineros.
"La Ley de Transparencia obliga a todo aquel funcionario que maneje cuentas a que le rinda un informe a la Asamblea Legislativa anualmente y debe rendir un informe de ejecución presupuestaria", agregó.
"Agregaría que no estoy en desacuerdo con esas partidas de uso discrecional por parte del Ejecutivo, siempre y cuando estén destinadas al estricto cumplimiento de los fines del Estado" añadió el ex director de Presupuesto del Ministerio de Planificación y Política Económica.
Luis Laguerre, presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, sostuvo que una auditoría no va sobre todos los detalles, sino de manera selectiva, por lo que definitivamente uno de los elementos más importantes es la documentación sustentadora, como son las facturas.
Se mostró muy cauteloso al referirse al tema de la partida discrecional y admitió que no conoce a profundidad el tema. No obstante, dijo que una auditoría debe comprender la verificación de que lo que se compra llegue al destinatario, y sea para los fines descritos. Es un concepto más amplio que la simple parte numérica, al incluir aspectos cualitativos.
Se abstuvo de comentar si puede haber truco contable, aunque considera que no ve que haya elementos que se presten para ello cuando se maneja con la transparencia debida.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
