El descontento popular ante la orden del presidente Juan Carlos Varela de sancionar a todo aquel que difunda información falsa en redes sociales no han cesado.
Desde políticos, miembros de la sociedad civil y panameños comunes han mostrado su rechazo a la orden que le diera el presidente de la República al ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, a que aplique el artículo 260 del Código Penal que sanciona con prisión de dos a cinco años a quien divulgue noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público.
Una función que debe recaer sobre el Ministerio Público y no sobre el Ejecutivo que puede valerse de esto para perseguir a los críticos de la actual administración de Gobierno.
Recientemente mostró su descontento fue el exministro de Economía y finanzas, Frank de Lima quien escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje “este gobierno ha tratado en varias ocasiones de limitar la libertad de expresión. Por qué será? Le tienen miedo a la verdad? Que la gente opine?”
Por su parte, el exvicepresidente de la República, Arturo Vallarino, manifestó que "no demoran en detener a Fonseca Mora por difundir noticias falsas. Dijo que el Presidente Varela le informo que recibió dinero de Odebrecht".
Este pedido de Varela para que se ejecute el artículo 260 del Código Penal, según expertos se dio para desviar la atención tras el fracaso en sus diversas estrategias de seguridad aplicadas.
Según la encuesta de Dichter & Neira correspondiente al mes de mayo, el 43% de los encuestados consideran la inseguridad como el principal problema que los afecta, por lo que subió 13 puntos porcentuales en consideración con el mes de abril, cuando se ubicó en un 30%.
Mientras, uno de cada tres panameños considera que el nivel de seguridad no mejorará y, por el contrario, empeorará en lo que resta de la administración del presidente Juan Carlos Varela.
En el día de ayer, el abogado Kevin Moncada Luna presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 260 del Código Penal actual, por considerar que el mismo viola el artículo 37 de la Carta Magna de Panamá.
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