La legislación nacional debe contemplar sanciones más severas en contra de las personas que atenten contra la cultura, a fin de persuadir a quienes planean este tipo de delitos; estimó el director de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Carlos Fiztgerald.
Las declaraciones del funcionario surgen en momentos en que se realizan las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes hurtaron valiosas piezas de oro del museo antropológico Reyna Torres de Araúz.
Sin embargo, sostuvo que las sanciones no deben ser evaluadas tomando en cuenta a las personas específicamente involucradas en este caso, sino a todas que en adelante cometan algún atentado contra el patrimonio cultural nacional.
Fizgerald afirmó que actos como el robo de piezas, los que destruyen sitios arqueológicos y aquellos que participan en el tráfico de objetos, deben recibir penas que "los haga pensar dos veces".
Sin embargo, reconoció que el imponer multas o penas de cárcel, no es la solución, sino cambiar la conciencia de la población para que no atente contra un bien que es de todos. Lamentó que ese logro no es a corto plazo, ya que debe iniciarse una campaña de educación entre la juventud y la niñez.
Quizás uno de los motivos que incita a los delincuentes a participar en el robo de piezas, es que estas joyas arqueológicas son muy cotizadas en el mercado negro internacional. No es nuevo que en Panamá exista una red dedicada a robar y comercializar las piezas arqueológicas, de allí que el INAC está intentando modificar la Ley 14 que regula la materia, porque ésta solo contiene multas, pero no penas de prisión para quienes resulten culpables.
La modificación de la ley ha sido objeto de discusión en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa, pero nunca se concreta un endurecimiento de las penas y con lo ocurrido recientemente y la opinión pública, se espera que se adopten sanciones más severas.
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