El tema del desorden en el transporte colectivo es una preocupación de toda la sociedad y para la presidenta de la Asociación de Financieras, Marta Lasso, existe otra agravante y es que la saturación de cupos está provocando que los transportistas enfrenten dificultades para hacer efectivo el pago de sus cuotas.
Lasso denunció además que la Autoridad del Tránsito obliga a las empresas a pagar las multas aplicadas a los conductores de los autobuses, para poder retirar el distintivo vehicular o placa de los autobuses financiados
Manifestó que esta situación se hace evidente cuando realizan los procedimientos para retirar la placa de los autobuses que están tramitando, y que esta morosidad en boletas en ocasiones asciende a más de mil balboas, las que son incluidas en los expedientes de los vehículos.
"Lo que debería hacer el Tránsito es retenerles la licencia de conducir a estos conductores reincidentes y no provocar mayor morosidad a las empresas que tramitan estas placas, y no permitirle a estos transportistas irresponsables seguir cometiendo faltas", alegó.
Dijo que esto está representando pérdidas económicas para el sector financiero, aunque dijo que esta erogación es incluida en las cuotas de los transportistas que evidentemente hace mayor y más difícil concluir con el pago del financiamiento.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE), John Bennet, asegura que durante su participación en el Comité Cívico del Tránsito se evidenció que el sistema de transporte en Panamá está hecho para ser desordenado.
Explicó que este es un sistema no confeccionado para mejorar el transporte público con cualidades económicas y de eficiencia, sino que es un instrumento para el control político y para sacarle provecho de algunos grupos corruptos, porque los hechos que se den dentro de este sector no le sorprenden.
Consideró que hasta que las autoridades no tomen la decisión de aplicar un sistema de transporte moderno, las consultas y recomendaciones seguirán sin tener buenos resultados.
Por su parte, el legislador arnulfista Osman Gómez, anunció que en el próximo período presentará a consideración de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende poner bajo órdenes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a la Policía de Tránsito.
A raíz de las reacciones de las autoridades y de la opinión pública por los casos de accidentes de tránsito en los que se ven involucrados conductores del transporte público de pasajeros, Gómez consideró oportuno retraer la iniciativa por la cual se fusionan la ATTT y la Dirección de Operaciones (DOT), porque la institución enfrenta el problema que no cuenta en algunos casos con el apoyo de los agentes, quienes reciben órdenes del director de la Policía Nacional.
Gómez durante la sesión de la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa con el fin de buscar mecanismos para aplicar sanciones a los conductores infractores, destacó que en la primera ocasión en que se habló de la posibilidad, uno de los opositores fue el hoy director de la DOT, comisionado Roberto Joudry.
Indicó que este proyecto no tiene ningún matiz político, sino que busca poner a órdenes directas de la ATTT a los agentes que están en las calles vigilando el tránsito vehicular.
Igualmente, Gómez pidió al director de la Policía Nacional, Carlos Barés, que ejecute un programa serio para poner mayor orden en no sólo, en lo que se refiere al tránsito vehicular, sino también en los aspectos de seguridad en general o de lo contrario, advirtió, está obligando a la Asamblea Legislativa a que haga una revisión de la Ley 20 que regula la Policía.
En tanto, el director de la ATTT, Pablo Quintero Luna, planteó que en las reformas que se hagan a la Ley del Transporte se incluya la posibilidad de que las rutas del transporte de pasajeros se otorguen mediante licitaciones a plazos determinados, de manera que si una concesionaria no cumple con el servicio, las autoridades tengan alternativas para reemplazarla.
Chi Pardo explicó, que el efecto inmediato del nuevo costo operativo se reflejará en el programa de Enfermedad y Maternidad, que cerrará con déficit de aproximadamente 4 millones de dólares.
“El programa está sujeto a los aumentos de salarios que se les dan a los funcionarios del sector salud, médicos y técnicos, beneficiados por leyes especiales que otorgan ajustes de salarios”, recalcó el funcionario.
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