Arias Calderón indicó que por Constitución, la atribución del Ministerio Público de "perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales y legales" no se le asigna a ninguna otra institución.
Por su parte, el ex procurador de la Nación José Antonio Sosa, afirmó que el proyecto puede producir una afectación al sistema democrático, regresándonos a los tiempos del antiguo DENI o del G-2.
Lamentó también que se haya querido utilizar la muerte del inspector Brewster de la PTJ, para casi desmantelar a la institución.
En tanto, el ex director de la Policía Nacional, Oswaldo Fernández, consideró que el artículo 29 del proyecto de ley "es de corte inconstitucional" porque señala que todas las autoridades que otorguen medidas cautelares tienen que notificarle a la DIJ.
Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia pidió a los diputados suspender la discusión de este proyecto para entrar a analizar el que reforma el Código Procesal Penal.
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