Un grupo de moradores de Curundú protestó ayer frente a la Defensoría del Pueblo para pedir que se le indemnice por el desalojo de sus viviendas, con el fin de construir el proyecto de renovación urbana.
Roberto Contreras, uno de los afectados, denunció que el ministro de Vivienda (MIVI), Carlos Duboy, junto al encargado del proyecto, Manuel Soriano, quieren realizar de manera arbitraria desalojos en el área, sin antes ofrecerles un lugar para ubicarlos.
Otra de las afectadas, María Marín, manifestó que se les ofrecieron terrenos y casas reposeídas, que luego les aparecieron propietarios.
Por su parte, Manuel Soriano, del MIVI, explicó que el grupo lo conforma una minoría que exige una indemnización de 75 mil dólares para salir del área, lo cual es imposible e ilegal.
Agregó que solo se autorizarán indemnizaciones, luego de que la Contraloría y Catastro realicen las evaluaciones a las viviendas, puesto que son las únicas entidades encargadas para hacer las evaluaciones.
“De mil familias, ya 750 han desalojado voluntariamente, y estas ya han sido reubicadas”, dijo.
